El Gobierno español ha puesto fin a una larga saga que se remonta a más de una década, poniendo un punto final a un antiguo proyecto para construir un almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas, Cuenca. Este cierre definitivo se inscribe en la aprobación de un nuevo plan general de residuos radiactivos, una hoja de ruta que establece cómo gestionar los residuos nucleares hasta finales de este siglo.
El plan descarta la opción de tener un solo almacén nuclear y, en cambio, consagra la alternativa de construir siete instalaciones para guardar los residuos, una en cada una de las centrales nucleares del país. El Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha ordenado expresamente abandonar el proyecto de Villar de Cañas.
Esto significa que Enresa, la entidad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares, deberá poner fin a todos los procesos iniciados para poner en marcha la instalación. El Gobierno de Pedro Sánchez ya había paralizado las acciones para tener un cementerio nuclear en la localidad conquense en 2018, y ahora ha emitido un cese definitivo al proyecto.
La decisión del Gobierno no viene sin repercusiones financieras. Enresa se prepara para un gran golpe en sus cuentas debido al fin del proyecto y la pérdida de valor de todos los activos vinculados, como los terrenos en los que se ubicaría el almacén y las construcciones e instalaciones técnicas ya levantadas. La empresa pública ya ha provisionado 82,5 millones de euros para hacer frente al deterioro de todo el activo vinculado al almacén temporal centralizado (ATC) que se había proyectado.
Además de esta pérdida financiera, Enresa ha recibido una orden expresa del Gobierno de ceder de manera gratuita los terrenos a una administración pública para que se emprendan proyectos de interés económico para la zona. Esta cesión obligatoria ha desatado una disputa entre las diferentes administraciones públicas interesadas en adquirir las más de 87 hectáreas de terreno dividido en tres parcelas y los tres edificios ya construidos.
Las tres administraciones públicas candidatas son la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento de Villar de Cañas. Todas ellas están maniobrando para tomar el control de las parcelas. A pesar de que el Ayuntamiento de Villar de Cañas ha anunciado que presentará un recurso contra la resolución ministerial que pone fin al proyecto de almacén, también ha hecho llegar a Enresa su acuerdo municipal para reclamar la cesión de la titularidad de los terrenos.
Enresa ha indicado que su preferencia es ceder los terrenos antes de que termine este año y ha anticipado que priorizará la «maximización del desarrollo socioeconómico de los municipios del entorno» al elegir a la administración beneficiaria del traspaso.
La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares ya había acumulado un enorme retraso cuando se decidió en 2018 frenar los trabajos de licenciamiento que estaba desarrollando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para entonces, en la localidad conquense seguía habiendo poco más que un solar.
El Gobierno de Pedro Sánchez renunció a continuar con la opción de Villar de Cañas en 2018 debido a los problemas técnicos y los enormes costes adicionales que exigiría superarlos. Además, el argumento actual para descartar un solo almacén nuclear y optar por construir siete instalaciones en las centrales nucleares ha sido que la «falta de consenso social, político e institucional» hizo «inviable» la opción de un único almacén centralizado.
El sector nuclear reconoce que ninguna comunidad autónoma respaldaba la posibilidad de albergar el cementerio nuclear en su territorio, a pesar del interés de algunos ayuntamientos. De hecho, la Junta de Castilla-La Mancha, encabezada por el socialista Emiliano García Page, ha mostrado durante años su rechazo frontal a la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas.