El Pleno del Congreso de España ha dado luz verde para debatir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de migrantes que residen en el país, según las estimaciones oficiales. Esta propuesta, respaldada por 611.821 firmantes y apoyada por todos los grupos parlamentarios, entre los que se incluyen el PP, PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu, BNG y Podemos, ha encontrado oposición solo en Vox.
Ahora, la responsabilidad recae sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene un plazo de seis meses para su tramitación. Las fundaciones, ONG, asociaciones y plataformas que defienden los derechos de los migrantes y que impulsaron la iniciativa aguardan su aprobación para el próximo otoño, en el peor de los casos.
¿Pero por qué es necesario debatir esta propuesta ahora? ¿Cuáles son las ventajas que esta iniciativa traería a la sociedad española? Para responder a estas y otras preguntas, conversamos con los abogados José Antonio Carrero y Raquel Pestana, especialistas en legislación de extranjería y socios del despacho Carrero & Pestana.
Ellos nos explican que, aunque las estimaciones del Congreso apuntan a que esta ILP beneficiaría a unos 500.000 inmigrantes, la cifra podría ser mayor. La iniciativa se aplicaría solo a aquellos que llegaron antes del 1 de noviembre del 2021, pero desde entonces han llegado muchos más. “Es difícil predecirlo, pero en seis meses podría haber algunas variaciones”, comentan.
La ILP no es nueva. Ha estado en discusión durante más de un año y se presenta como una disposición adicional a la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Solicita al Gobierno que, mediante un Real Decreto, establezca un procedimiento para regularizar la situación de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021.
La propuesta llega en un momento importante, ya que la Eurocámara ha aprobado recientemente el nuevo Pacto de Migración y Asilo que refuerza el control y endurece el acceso al asilo. Los abogados Carrero y Pestana estiman que las condiciones serán más estrictas, algo que ya se adelantó en el reciente congreso de Extranjería y Protección Internacional celebrado en Almería.
Sin embargo, esta ILP no contraviene ninguna disposición europea en materia de migración. De hecho, podría ir en la misma dirección, ya que el objetivo común es evitar la migración irregular. Con esta ILP, se estarían regularizando unos 500.000 extranjeros en España, lo que se traduciría en 500.000 expedientes de expulsión menos.
La necesidad de esta ILP para los inmigrantes en España es evidente. “El inmigrante lo que quiere es trabajar, o emprender, y hacer una vida, y una familia. No quiere vivir de las ayudas del Estado”, explican los expertos. Además, reivindica el derecho de las personas a estar documentadas, porque si no, no existen.
La sociedad española también se beneficiaría de esta medida. Los expertos lamentan que el discurso a menudo se centra únicamente en los beneficios para la seguridad social, pero la realidad es que la ILP aportaría mucho más. A nivel económico, contribuiría a eliminar la economía sumergida y la explotación laboral; a nivel cultural, promovería la transculturación, convirtiendo a España en una sociedad más abierta y conocedora de otras culturas; y a nivel demográfico, ayudaría a revertir la grave tendencia hacia el envejecimiento de la población.
Finalmente, en cuanto a si el Estado está preparado administrativamente para su aplicación, los expertos esperan que sí. Las oficinas de extranjería están funcionando mejor tras la creación de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que está tramitando nuevos expedientes. Sin embargo, reconocen que esta ILP podría retrasar nuevamente los procesos y exigirá un esfuerzo adicional por parte del Gobierno, que siempre necesita más personal en extranjería.