El conocido servicio de reparto a domicilio Glovo se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Barcelona por presuntas violaciones a los derechos de sus trabajadores. La fiscalía alega que la empresa, famosa por sus mochilas amarillas, ha estado empleando a sus repartidores como supuestos falsos autónomos, un modelo que ha estado generando controversia en el ámbito laboral en los últimos años.
El CEO de Glovo, Óscar Pierre, y otros altos directivos de la compañía, se encuentran en el centro de las acusaciones. La empresa ha estado en conflicto con el Ministerio de Trabajo durante años debido a su modelo laboral. A pesar de las continuas sanciones e inspecciones de trabajo, Glovo ha mantenido su modelo laboral, lo que ha llevado a la acumulación de multas y sanciones que ascienden a más de 100 millones de euros.
El modelo laboral de Glovo en cuestión
El modelo laboral de Glovo ha sido objeto de numerosos juicios en los principales tribunales españoles. La empresa ha sido acusada de privar a sus repartidores de los derechos laborales básicos asociados con la condición de empleado. Entre estos se incluyen la protección social, el derecho a una prestación por incapacidad temporal, las vacaciones pagadas y el derecho a la formación para la prevención de riesgos laborales.
Estas prácticas laborales supuestamente permiten a Glovo trasladar los costos de la Seguridad Social a los repartidores y evitar proporcionarles las bicicletas o motocicletas en las que se mueven, así como los teléfonos móviles a través de los que se conectan a la aplicación para recibir pedidos. Además, la empresa también evita costear la cobertura de gastos médicos o vacaciones, entre otros beneficios laborales.
El Ministerio de Trabajo, en un esfuerzo por regular a las plataformas de reparto a domicilio, promulgó en 2021 la ‘Ley Rider’. Esta ley obliga a estas empresas a contratar a sus repartidores como asalariados. Sin embargo, Glovo ha persistido en emplear a sus repartidores como autónomos, a pesar de las consecuencias legales y financieras.
Hasta ahora, el empleo de falsos autónomos se consideraba una cuestión de jurisdicción laboral y no era perseguido penalmente. Sin embargo, una reforma aprobada por el Gobierno en diciembre de 2022 incluye explícitamente este supuesto entre los delitos penales. Según la nueva ley, aquellos que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores a través de contratos de trabajo fraudulentos podrían enfrentarse a hasta seis años de cárcel.
La Fiscalía de Barcelona ha decidido actuar tras recibir un informe del Ministerio de Trabajo. Este informe, emitido tras una investigación de dos meses y medio, ha llevado a la fiscalía a presentar la denuncia.
Además de enfrentarse a posibles consecuencias penales, Glovo también está acumulando una serie de sanciones que amenazan su viabilidad financiera. La empresa, que en su día fue considerada una de las start-ups más prometedoras de España y alcanzó la categoría de unicornio, se encuentra en pérdidas desde su fundación en 2014.
A principios de este año, Glovo solicitó a la Audiencia Nacional la suspensión del pago de una sanción de unos 64 millones de euros, citando las pérdidas presupuestadas de 209 millones de euros para el ejercicio 2023. Sin embargo, las sanciones parecen no tener fin, y la empresa ya está presupuestando unos 430 millones de euros en obligaciones futuras.
El caso de Glovo pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar cuestiones laborales en el sector del reparto a domicilio, especialmente en lo que respecta a los llamados ‘falsos autónomos’.