La Fiscalía solicita la amnistía para Carles Puigdemont, rechazando la teoría de enriquecimiento personal

En un golpe inesperado a la argumentación del juez Pablo Llarena, la Fiscalía ha instado a la rectificación y amnistía del expresidente catalán, Carles Puigdemont. En un escrito presentado este viernes, el Ministerio Público contradice la postura del instructor del ‘procés’, quien había asegurado que no era posible aplicar el olvido penal a la acusación de malversación contra Puigdemont, debido a un supuesto enriquecimiento personal que podría haber perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea (UE).

El escrito, firmado por María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, y Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal jefe de lo penal del mismo tribunal, rechaza la teoría de enriquecimiento personal de Puigdemont. Argumentan que no hay evidencia de que el expresidente catalán tuviera la intención de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial en su actuación. Quedaría, por lo tanto, excluido de olvido penal sólo en ese caso.

Desacuerdo sobre la malversación y los intereses de la UE

Los fiscales no disputan que los hechos investigados sean constitutivos de un delito de malversación, sin embargo, cuestionan la existencia de indicios de que Puigdemont haya buscado enriquecerse personalmente a través de esta malversación. Así, subrayan que «No cabe otra opción que la aplicación de la amnistía interesada».

Además, la Fiscalía discrepa con la argumentación de Llarena acerca de que los intereses financieros de la Unión Europea podrían haber sido afectados. Aseguran que «No sólo no hay constancia alguna de que el capital gastado en la realización del referéndum procediera, en todo o en parte, de fondos europeos, tampoco es posible admitir que los gastos requeridos para materializar la votación de la que derivaría, de modo automático, la independencia de una parte del territorio, tuvieran virtualidad lesiva alguna -directa o indirecta- para los intereses financieros de la UE».

El argumento de la independencia y las órdenes de detención

El Ministerio público sostiene además que los hechos probados en la sentencia del 1-O permiten entender que «el verdadero alcance de la actividad desarrollada por los partícipes en el movimiento independentista nunca desembocaría en la creación de un estado soberano».

Por todo ello, la Fiscalía formaliza el recurso de reforma contra el auto de Llarena del pasado 1 de julio e insta al instructor a amnistiar a Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. También solicitan que se dejen sin efecto las órdenes nacionales de detención emitidas contra ellos.

La decisión de la Fiscalía representa un giro significativo en el enfoque del caso y podría tener repercusiones significativas en la política catalana y española. Sin duda, la solicitud de amnistía para Carles Puigdemont y sus exconsejeros es una decisión que generará debate y controversia en los próximos días.

Es importante recordar que el expresidente catalán ha estado viviendo en el exilio desde que huyó de España en 2017, tras la fallida declaración de independencia de Cataluña. Desde entonces, Puigdemont ha estado luchando contra la extradición a España, mientras sigue siendo una figura influyente en la política catalana a pesar de su ausencia física.

La decisión final sobre la amnistía de Puigdemont y sus exconsejeros recaerá en el juez Llarena, que tendrá que considerar los argumentos presentados por la Fiscalía en su escrito. Este caso es una clara muestra de la tensión existente entre varios sectores del sistema judicial español y podría tener un impacto significativo en la percepción pública del ‘procés’ y de la situación política en Cataluña.