Desde hace más de una década y media, los altos funcionarios del Estado han estado esperando pacientemente el desarrollo de la figura del personal directivo profesional. Esta figura, que fue prevista en el Estatuto del Empleado Público en 2007, se esperaba que profesionalizara la Alta Dirección de la administración pública. Sin embargo, la reciente norma que ha introducido nuevos requisitos para el acceso a estos puestos ha desencadenado una serie de críticas y preocupaciones entre los altos funcionarios.
La principal queja es que la norma es demasiado vaga, lo que, según los altos funcionarios, podría consolidar la arbitrariedad a la hora de nombrar y cesar a los directivos. En lugar de establecer criterios claros y objetivos para los nombramientos, la norma parece dejar mucho margen para la interpretación, lo que podría dar lugar a favoritismos y decisiones arbitrarias.
Además, la norma ha sido criticada por ignorar las propuestas de las asociaciones de cuerpos superiores para encomendar esos nombramientos a una autoridad independiente. Estas propuestas tenían como objetivo acabar con la politización de los nombramientos y garantizar que los directivos sean seleccionados en base a su mérito y capacidad, y no a sus conexiones políticas.
La politización de los nombramientos es un problema grave en la administración pública. Puede llevar a una falta de profesionalidad y eficiencia, ya que los directivos pueden ser seleccionados en base a su lealtad política en lugar de su competencia. Además, puede llevar a una rotación constante de personal, ya que los directivos pueden ser cesados cuando cambia el partido en el poder.
La introducción de la figura del personal directivo profesional se consideraba una oportunidad para abordar este problema. Sin embargo, la reciente norma parece haber desaprovechado esta oportunidad. En lugar de establecer un sistema de nombramientos basado en el mérito y la competencia, la norma parece perpetuar un sistema en el que los nombramientos están sujetos a la arbitrariedad y la politización.
Esta situación es especialmente preocupante dado el papel crucial que desempeñan los altos funcionarios en la administración pública. Son responsables de tomar decisiones importantes y de gestionar grandes equipos de personal. Por lo tanto, es esencial que sean seleccionados en base a su mérito y capacidad, y no a sus conexiones políticas.
En resumen, la reciente norma que introduce nuevos requisitos para el acceso a los puestos de personal directivo profesional ha suscitado una serie de críticas y preocupaciones entre los altos funcionarios. La norma ha sido criticada por ser demasiado vaga y por ignorar las propuestas para encomendar los nombramientos a una autoridad independiente. Estas críticas subrayan la necesidad de reformar el sistema de nombramientos para garantizar que los directivos sean seleccionados en base a su mérito y capacidad, y no a sus conexiones políticas.