El panorama de la industria naviera española se ha tornado sombrío al entrar en 2023, con solo 93 barcos mercantes navegando bajo el pabellón nacional, según el último informe de la Asociación de Navieros Españoles (Anave). Este declive marca un nuevo mínimo en la historia del sector y es el resultado de la continua pérdida de competitividad del Registro Especial de Canarias (REC) frente a otros países europeos.
En 2023, 19 buques controlados por navieras españolas abandonaron el pabellón nacional, llevando consigo una considerable cantidad de carga general, pasajeros y transportes de mercancía rodada como petroleros, gaseros y ro-ro. Mientras tanto, el número de registros en otros pabellones aumentó en 13 buques, destacando aún más el problema que enfrenta España.
El presidente de Anave, Vicente Boluda, ha destacado la urgencia de traducir la Proposición No de Ley, impulsada por el Congreso en abril, en medidas concretas. Estas deberían permitir a las empresas que opten por la bandera española competir en igualdad de condiciones con el resto de los registros europeos. Uno de los obstáculos más notables es la restricción existente para enrolar trabajadores extracomunitarios en los buques del REC.
Dificultades y desafíos en el horizonte
Además de los problemas de competitividad, los armadores nacionales se han enfrentado a un «tsunami de nuevas normas» que han complicado aún más el panorama. La falta de espacio en los astilleros, los altos precios de las nuevas construcciones y los altos tipos de interés han aumentado los costos para las empresas. A esto se suma la incertidumbre en torno a la transición energética, que plantea tanto desafíos como oportunidades.
Boluda ha instado al Gobierno a adoptar un ambicioso plan de descarbonización del transporte marítimo, que acelere el cambio hacia una industria más sostenible. El informe de Anave sugiere que España se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar estas oportunidades, pero deben tomarse medidas que faciliten la transición.
Entre estas medidas, el informe menciona la renovación de la flota, con una docena de nuevos barcos incorporados en los últimos tres años, así como desgravaciones fiscales y mecanismos de arrendamiento financiero que impulsen las inversiones. «La financiación sigue siendo esencial para las empresas navieras de tamaño medio y pequeño, que son la columna vertebral del transporte marítimo español», enfatiza Boluda.
Los derechos de emisión y su impacto
El informe de Anave también analiza el impacto de los derechos de emisión (ETS) y el reglamento ‘Fuel EU’ marítimo que entrará en vigor el próximo año. Las estimaciones más conservadoras del sector calculan un costo medio anual para las navieras españolas de 1,3 millones de euros por cada buque, a los que se sumará el impacto derivado de las penalizaciones del reglamento ‘Fuel EU’.
Ante esta situación, Anave sugiere que al menos el 100% de los ingresos procedentes del transporte marítimo reviertan en el sector, a través de convocatorias específicas destinadas a la renovación de la flota y a reducir el diferencial de precio entre los combustibles convencionales y los nuevos combustibles.
Además de la necesidad de reformas estructurales, Boluda también destaca la importancia de fomentar la llegada de empleados españoles al sector marítimo. Según él, existe un déficit de mano de obra cualificada en un momento en el que el sector ofrece empleo de calidad, muy cualificado y con un alto valor añadido.