Según ha explicado el Ministerio de Economía, la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) ha emitido un informe negativo sobre esta operación. La Jinvex alude a motivos relacionados con la seguridad nacional y el orden público para desaconsejar la oferta del grupo húngaro.
«Para el Gobierno, Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España«, asegura el ministerio liderado por Carlos Cuerpo en un comunicado. El Gobierno de España también ha asegurado que mantiene como «objetivo prioritario» la atracción de inversión extranjera, «sobre todo en aquellos sectores y proyectos clave para nuestra competitividad y seguridad económica, de forma equilibrada y compatible con la protección de los intereses estratégicos o la seguridad nacional».
En su comunicado, la CNMV señala que mantendrá la suspensión de la cotización mientras la compañía no «difunda una información relevante» sobre esta situación.
Cabe recordar que Magyar Vagon presentó el pasado marzo una oferta de 5 euros por acción por el único fabricante de trenes de alta velocidad de España. Desde el primer momento, el Ejecutivo español se mostró frontalmente en contra de esta operación, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegando a afirmar que el Gobierno «hará todo lo posible» por evitar que salga adelante.
Uno de los principales motivos al rechazo del Gobierno se debe al apoyo del Ejecutivo prorruso y antieuropeo de Viktor Orbán a Magyar Vagon. De hecho, el 45% del capital del grupo húngaro está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro. Además, András Tombor, directivo de la compañía magiar, fue asesor del Gobierno húngaro entre 1998 y 2002, también liderado por Orbán.
Por otro lado, el Gobierno también ha dudado de que las fábricas del grupo húngaro tuviesen suficiente capacidad suficiente para resolver los problemas de producción de Talgo. En la carta en la que la compañía española explicaba el rechazo a la propuesta de «integración industrial de Skoda», Talgo argumentaba que «no es el momento adecuado para explorar posibles alternativas distintas a una oferta pública de adquisición competitiva que garantice los recursos financieros e industriales que permitan a Talgo afrontar sus retos presentes y futuros».
En los últimos días, representantes de Transportes viajaron a Hungría para tratar de desatascar la situación, pero parece que las reuniones mantenidas no han llegado a buen puerto.
Cabe señalar que la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) ha anunciado este martes que acudirá a los tribunales para defender a los accionistas minoritarios de Talgo de la injerencia del Gobierno de España por dificultar su derecho a decidir por el veto a la OPA de Magyar Vagon.
«Como resultado de las irregularidades detectadas, AEMEC impugnará la normativa que permite la suspensión de inversiones extranjeras. Esta normativa -que tenía sentido en la época de la pandemia y que ha perdido su razón de ser– supone un grave perjuicio a los accionistas de sociedades cotizadas al ver limitada su posibilidad de acudir a una oferta pública para vender sus acciones», ha explicado la Asociación en un comunicado.
La Asociación ha explicado que el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, permite la suspensión del régimen de liberalización «cuando las inversiones afecten a la salud, seguridad y orden público». Según la asociación de minoristas, el objeto social de Talgo «nada tiene que ver» con las anteriores materias por lo que el procedimiento de autorización iniciado por el Ejecutivo «no se ajusta a la Ley, pues no se dan los supuestos legalmente establecidos para la suspensión de la OPA».
La Relevancia de Talgo en el Mercado Español
El caso de Talgo no solo pone de manifiesto la importancia de la protección de activos estratégicos para la economía nacional, sino también la necesidad de equilibrar esta protección con la atracción de inversión extranjera. Talgo, siendo el único fabricante de trenes de alta velocidad del país, juega un papel crucial en la infraestructura ferroviaria y, por lo tanto, en la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España.
La negativa del Gobierno a aceptar la oferta de Magyar Vagon subraya la preocupación por motivos de seguridad nacional y la posible influencia extranjera en sectores clave. La relación entre Magyar Vagon y el gobierno húngaro, conocido por su postura prorrusa, añade una capa adicional de complejidad a la situación. El hecho de que el 45% del capital de Magyar Vagon esté controlado por un fondo estatal húngaro, Corvinus, y que uno de sus directivos, András Tombor, haya sido asesor del gobierno de Viktor Orbán, refuerza estas preocupaciones.
Por otro lado, la capacidad de producción de las fábricas del grupo húngaro también ha sido cuestionada. El Gobierno cree que estas fábricas no tienen la capacidad suficiente para resolver los problemas de producción que enfrenta Talgo, lo que pone en duda la viabilidad de la integración industrial propuesta.
La CNMV ha decidido mantener la suspensión de la cotización de Talgo hasta que la compañía no «difunda una información relevante» sobre esta situación. Esta medida busca proteger a los inversores y garantizar que todos tengan acceso a la misma información para tomar decisiones informadas.
En este contexto, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) ha decidido acudir a los tribunales para defender los derechos de los accionistas minoritarios de Talgo. La AEMEC argumenta que la normativa que permite la suspensión de inversiones extranjeras, establecida durante la pandemia, ya no tiene sentido y perjudica a los accionistas de sociedades cotizadas.
La normativa en cuestión, el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, permite la suspensión del régimen de liberalización cuando las inversiones afectan a la salud, seguridad y orden público. Sin embargo, la AEMEC sostiene que el objeto social de Talgo no tiene nada que ver con estas materias, por lo que el procedimiento de autorización iniciado por el Ejecutivo no se ajusta a la ley.
En los últimos días, representantes del Ministerio de Transportes viajaron a Hungría para tratar de desatascar la situación, pero parece que las reuniones mantenidas no han llegado a buen puerto. Esto subraya la complejidad de las negociaciones y la dificultad de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas.
El caso de Talgo pone en relieve la tensión entre la necesidad de proteger los intereses estratégicos nacionales y la atracción de inversión extranjera. La decisión del Gobierno de vetar la oferta de Magyar Vagon ha generado controversia y ha llevado a la AEMEC a acudir a los tribunales. Este caso podría sentar un precedente importante para futuras operaciones de inversión extranjera en sectores estratégicos.
El Gobierno ha reiterado que Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España. En este sentido, la protección de Talgo se considera esencial para garantizar la competitividad y seguridad económica del país.
Sin embargo, la AEMEC sostiene que la normativa que permite la suspensión de inversiones extranjeras perjudica a los accionistas de sociedades cotizadas. La asociación argumenta que esta normativa, que tenía sentido durante la pandemia, ha perdido su razón de ser y limita la posibilidad de los accionistas de acudir a una oferta pública para vender sus acciones.
El Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, permite la suspensión del régimen de liberalización cuando las inversiones afectan a la salud, seguridad y orden público. Sin embargo, la AEMEC sostiene que el objeto social de Talgo no tiene nada que ver con estas materias, por lo que el procedimiento de autorización iniciado por el Ejecutivo no se ajusta a la ley.
El caso de Talgo destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección de los intereses estratégicos nacionales y la atracción de inversión extranjera. La decisión del Gobierno de vetar la oferta de Magyar Vagon pone de manifiesto la necesidad de revisar la normativa sobre inversiones extranjeras y garantizar que se ajusta a la realidad actual.
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¿Cuál es el equilibrio adecuado entre proteger los intereses estratégicos nacionales y atraer inversión extranjera en sectores clave?