Junts no asegura su respaldo a ninguno de los decretos de vivienda a 24 horas de la votación decisiva. La dirección del partido independentista prevé decidir el sentido de su voto en una reunión que se celebrará este jueves, aunque fuentes de la ejecutiva neoconvergente expresan ya su distanciamiento respecto a los textos acordados por PSOE y Sumar, los dos socios del Gobierno.
«El Gobierno miente. No tenemos miedo a quemarnos para defender a las familias y pequeños propietarios de Cataluña», sostienen estas fuentes antes del encuentro en el que la cúpula de Junts concretará su posición. Según explican, «el real decreto no recoge ni la protección al pequeño propietario», al obligarle a indemnizar una posible falta de renovación del alquiler, «ni frena a los fondos buitre».
Estas dos cuestiones eran condiciones esenciales para que Junts respaldara el decreto y, de acuerdo con las mismas fuentes, fueron entregadas personalmente a Pedro Sánchez hace tres semanas, antes de la crisis social y política desencadenada por el desahucio de Maricarmen Abascal.
Fuentes del entorno de Junts consultadas por EL MUNDO inciden en los efectos que la redacción de los dos denominados «decretos Maricarmen» puede tener sobre una parte relevante de sus votantes: los pequeños propietarios. «Un problema que tiene que resolver la Administración no debe caer sobre los pequeños propietarios», afirman, si bien fuentes oficiales del partido rechazan hacer comentarios.
Uno de los principales reparos de Junts es que la versión definitiva de los textos no se ajusta a lo negociado antes del Consejo de Ministros del pasado martes. Entonces, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, trasladó a la formación que las medidas se centrarían en los llamados «fondos buitre» y preservarían a los pequeños propietarios.
Sin embargo, en el grupo parlamentario encabezado por Miriam Nogueras genera inquietud el artículo 1 del primer decreto, el que el Gobierno considera que puede contar con el apoyo de Junts, debido a su impacto sobre todas las pymes catalanas. El texto establece que, desde la entrada en vigor del real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2028, cualquier entidad, tenga o no personalidad jurídica, que incluya la adquisición de inmuebles en su objeto social tendrá limitada la compra de una vivienda, ya sea a título gratuito u oneroso, cuando el precio sea inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Una amplia mayoría de las pymes catalanas contempla la adquisición de inmuebles en su objeto social.
En Junts también pesan las protestas de las asociaciones de pequeñas y medianas empresas catalanas. Este miércoles, Pimec difundió un comunicado contrario a los decretos al considerar que reducirían la oferta de alquiler, justo lo opuesto a lo necesario.
La diputada de Junts responsable de Vivienda, Marta Madrenas, también está recibiendo llamadas contra la aprobación de las medidas. Madrenas es agente de la propiedad inmobiliaria y su gremio se opone de forma tajante a los decretos por los efectos negativos que, a su juicio, tendrían sobre el mercado.