Barcelona Infraestructuras Municipales SA (Bimsa), una empresa municipal de Barcelona, ha anunciado que abrirá un expediente informativo sobre las obras del tranvía en el tramo que pasa por la plaza de Glòries. Esta medida se toma en respuesta a las denuncias de «explotación laboral» que se han producido en relación con los trabajadores empleados en estas obras.
Las denuncias, publicadas por EL PERIÓDICO, señalan que las empresas subcontratadas por las constructoras para proporcionar mano de obra a los trabajos presuntamente pagan a sus peones salarios por debajo del convenio, entre otras irregularidades. En el caso de las obras del tranvía, licitada desde Bimsa pero cofinanciada con la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), la subcontrata sobre la que Bimsa pedirá explicaciones será Solrigol, una de las grandes compañías del sector presente también en las obras privadas de remodelación del Camp Nou.
Fuentes de Bimsa han explicado a este medio que iniciarán sus investigaciones para determinar si en las obras que están teniendo lugar para conectar el tranvía por la Diagonal hay empresas subcontratadas que están incumpliendo la normativa laboral. Para ello, pretenden establecer una colaboración con el Departament de Treball de la Generalitat, la autoridad laboral competente de velar por las condiciones laborales de cualquier trabajador. «Como empresa pública tenemos el deber de velar por el derecho de los trabajadores», afirman fuentes de Bimsa.
Las presuntas irregularidades serán investigadas tanto por Bimsa como por el Departament de Treball de la Generalitat, cada uno en el ámbito de sus competencias. Bimsa se encargará de la parte de prevención y riesgos laborales, así como de las condiciones de licitación. Por su parte, el Departament de Treball se ocupará de las cuestiones relacionadas con los salarios. La Generalitat ha decidido iniciar este 2024 una campaña de inspecciones sobre las pequeñas empresas del sector de la construcción para perseguir posibles fraudes, principalmente en materia salarial.
Las obras del tramo de tranvía que pasan por Glòries son una de las 102 que actualmente están en marcha en la capital catalana y que están adjudicadas por Bimsa. Este medio ha podido constatar presuntas irregularidades vinculadas a salarios indebidos o registro de jornada en otras grandes obras públicas que dependen de la Generalitat, como la L9 del metro, o de Adif, como la de la futura estación de Sagrera.
Las obras licitadas por Bimsa, que constituyen el grueso de las obras municipales, están repartidas entre 125 contratistas, que a su vez cuentan con 615 subcontratas de distintas magnitudes y grados de subcontratación. Bimsa intenta premiar a aquellas empresas que concurran con una mayor proporción de personal propio con mayores puntuaciones en los concursos, lo que puede minimizar la necesidad de subcontratación. No obstante, la estructura de la ley de contratos del sector público favorece a las propuestas más baratas, lo que puede diluir el efecto de las cláusulas sociales en la elección final del contratista.
En el ámbito laboral, Bimsa no tiene competencias, pero sí tiene responsabilidades en materia de seguridad. Para minimizar los riesgos y evitar el mayor número de accidentes posibles, la empresa municipal cuenta con una unidad especial para velar por la seguridad en sus obras. Este equipo está compuesto por cinco personas que coordinan un equipo externalizado de entre 40 y 60 supervisores de empresas especializadas en prevención, que se personan periódicamente en las obras para certificar que todo cumple con la normativa en materia de prevención.
Bimsa afirma estar «tranquila» con el trabajo realizado hasta la fecha en temas de prevención y señala que en sus obras la siniestralidad está por debajo de la media. Según sus propios datos, en la provincia de Barcelona se producen 37 accidentes cada millón de horas trabajadas, frente a los 24 que se producen en las obras licitadas por Bimsa.
Además de las medidas de prevención y seguridad, Bimsa tiene activado un protocolo para velar por los trabajadores de las obras y por los tiempos de las mismas. Este protocolo consiste en la solicitud de declaraciones responsables a las empresas adjudicatarias de las obras, en las que se les hace firmar que están al corriente de pagos con sus empleados y los de las subcontratas. Este procedimiento está diseñado para evitar que potenciales conflictos laborales por falta de cobro acaben derivando en retrasos en los plazos de ejecución de las obras.