Desde la última publicación de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, el 22 de octubre de 2022, ha habido un apagón estadístico sobre la ejecución de la inversión territorializada del Estado en cada una de las 17 comunidades autónomas. En el informe mencionado, la IGAE proporcionó información sobre la ejecución territorial de las inversiones reales hasta el 30 de junio de 2022. Se reveló que a mitad de año, el Estado solo había llevado a cabo una cuarta parte de los más de 21.000 millones de inversión autonómica prevista para todo 2022.
Desde entonces, ninguna de las dos actualizaciones semestrales posteriores prometidas en el calendario de estadísticas oficiales de 2023 (el 30 de mayo y el 29 de septiembre) se han publicado en la página web del Ministerio de Hacienda. Para sorpresa de muchos, el Programa Anual 2024 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, publicado este 24 de enero en el Boletín Oficial del Estado, ha puesto fin a la difusión semestral de datos.
Ahora, solo habrá un informe anual (correspondiente a 2023) que se publicará en diciembre. Además, ya no se difundirán los datos de inversión territorializada de toda la Administración General del Estado (AGE) y sus empresas públicas. Solo se publicarán los del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitrams), que es donde más inversión territorializada se concentra.
Este nuevo enfoque está consagrado para los próximos cuatro años en el proyecto de real decreto por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2025-2028. Sin embargo, otros departamentos como el de Transición Ecológica también tienen una distribución autonómica de partidas significativa.
Lo que sigue sin estar claro es qué pasará con el mandato de la Ley General Presupuestaria que, en su artículo 135, obliga a la IGAE a informar semestralmente a la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Diputados sobre la ejecución de la inversión real del Sector Público Estatal en cada comunidad autónoma. En 2023, la Oficina Presupuestaria no recibió ninguna información aparte de la publicada en la página web del Ministerio de Hacienda, que no aportó ninguna actualización desde la última publicación del 22 de octubre de 2022.
Los datos de ejecución presupuestaria del Estado permiten extraer conclusiones sobre en qué comunidades el Gobierno cumplió o superó la inversión prevista, o en cuáles no llegó ni a la mitad. Estos datos pueden convertirse en munición política contra el Ejecutivo central por parte de los territorios que salen peor parados.
Por ejemplo, en Catalunya, el Estado solo ejecutó un tercio de la inversión presupuestada para 2021, mientras que en Madrid casi se dobló la cantidad asignada. Según un informe de la Conselleria de Economia de la Generalitat de Catalunya, desde 2010 se ha dejado de ejecutar el 49,6% de los presupuestos generales del Estado destinados a Adif y Renfe en Catalunya, sumando un total de 3.639 millones de euros.
La falta de publicación de estos datos en 2023 ha provocado una demanda de información por parte de las comunidades autónomas. Natàlia Mas, la consellera d’Economia de la Generalitat de Catalunya, ha solicitado en varias ocasiones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la publicación de los datos de cumplimiento de la inversión regionalizada de 2022.
Desafortunadamente, hasta el próximo diciembre no se conocerán los datos del año pasado, según el plan estadístico previsto para este año. Esto ha llevado a un estado de incertidumbre y frustración entre las comunidades autónomas que buscan información sobre la inversión territorializada y su ejecución.