El miércoles en la cámara del Senado, el grupo popular confirmó que votará en contra de la senda de objetivos de déficit y deuda propuesta por el Gobierno, una decisión que ya ha sido validada por el Congreso. Esta negativa amenaza con provocar un retraso adicional en la elaboración del muy esperado proyecto de Presupuestos del Estado para 2024. Según el senador popular Gerardo Camps, su partido utiliza su mayoría absoluta en la cámara alta para vetar la iniciativa gubernamental.
La primera vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que en respuesta a la negativa del PP, el Gobierno presentará un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros en el Congreso y el Senado en el plazo de un mes, de acuerdo con lo que permite la ley de estabilidad. Este acuerdo incluirá los mismos objetivos para el periodo 2024-2026 que los senadores del PP han rechazado este miércoles.
La senda de objetivos propuesta por el Gobierno busca reducir el déficit público del conjunto de las administraciones públicas del 3,9% del PIB previsto para 2023 al 3% del PIB en 2024. En particular, se establece que el déficit del Estado debe mantenerse en el 2,9% del PIB en 2024. Para las comunidades autónomas, se prevé pasar de un déficit del 0,6% a uno del 0,1% del PIB. Los ayuntamientos deberían aumentar su superávit al 0,2% del PIB y para la Seguridad Social se prevé que el déficit del 0,5% de este año se reduzca al 0,2% del PIB en 2024.
Montero insistió en que el Gobierno cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que avala la capacidad del Ejecutivo para aprobar un proyecto de ley de Presupuestos sobre la base de una senda de objetivos de déficit y de deuda anterior, incorporada en la Actualización del Plan de Estabilidad presentada en Bruselas el 31 de abril de 2023 y validada posteriormente por la Comisión Europea.
Sin embargo, la senda de objetivos de abril es más exigente para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos que la que ahora propone el Gobierno. Esto significa que las autonomías tendrán que lograr un equilibrio presupuestario en lugar de cerrar el año 2024 con un déficit del 0,1% del PIB, si se imponen los objetivos de abril. Para los ayuntamientos, la diferencia es de dos décimas de PIB.
Montero criticó al PP por su voto negativo, argumentando que no tiene «ni pies ni cabeza» y es como «tirarse piedras en el propio tejado» e ir en contra de la mejora de los servicios públicos que son de su competencia, como la sanidad. Además, cuestionó la existencia del informe jurídico mencionado por Montero, preguntándole abiertamente si realmente existe.
El PP ha solicitado al Gobierno que el Estado ceda una mayor capacidad de déficit a las autonomías y que implemente una serie de recortes fiscales, que van desde la deflactación de la tarifa del IRPF a un IVA más bajo para la energía y para productos básicos como la carne, el pescado y las conservas.
Tanto Gerardo Camps como la portavoz popular, Alicia García, criticaron las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont para la amnistía de los implicados en el procés. «No queremos ser cómplices de este Gobierno. Esta es la segunda razón por la que votamos no», afirmó Camps.
El resto de los portavoces parlamentarios que intervinieron en el Senado expresaron su apoyo a la senda de objetivos de deuda y déficit propuestos por el Gobierno. Sin embargo, la negativa de la mayoría absoluta del PP en el Senado es suficiente para que estos sean rechazados.