El gigante de infraestructuras español, Ferrovial, se encuentra bajo el escrutinio de la Agencia Tributaria de España, un brazo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta inspección se inició en junio del año pasado, apenas cuatro meses después de que Ferrovial anunciara su intención de trasladar su sede a los Países Bajos, una decisión que fue apoyada un mes después por su Junta de Accionistas.
El informe de actividad de Ferrovial, que se publicó tras la presentación de los resultados del ejercicio 2023, reveló que la empresa fue notificada de la apertura de una investigación fiscal. La inspección se refiere al Impuesto de Sociedades de los ejercicios entre 2017 y 2020, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otras retenciones de impuestos de los ejercicios 2019 y 2020. Actualmente, Ferrovial está presentando la información requerida por la Agencia Tributaria, que ha iniciado un único procedimiento de inspección para todo el grupo de filiales y la matriz de la empresa, presidida por Rafael del Pino.
Esta inspección llega en medio de un enfrentamiento público y notorio entre el Ejecutivo español y Ferrovial. En particular, su presidente, Rafael del Pino, ha sido objeto de críticas por parte de varios ministros, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda, llegó a sugerir que la empresa tenía «otras motivaciones» para trasladar su sede, más allá de su deseo de cotizar en la bolsa norteamericana, la razón que Ferrovial había proporcionado inicialmente.
El traslado de sede de Ferrovial generó especulaciones de que la empresa podría enfrentarse a una sanción si la Agencia Tributaria determinaba que el movimiento se realizó por motivos fiscales. Estas sospechas fueron confirmadas por la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, quien advirtió de posibles «consecuencias» si el motivo del traslado era exclusivamente fiscal. Sin embargo, hasta ahora no se ha conocido ninguna sanción como resultado de esta investigación.
Un documento solicitado a través de Transparencia en 2024, que no había sido hecho público hasta entonces por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, respaldó la afirmación de Ferrovial de que listar en la bolsa de Nueva York sería más fácil desde Ámsterdam que desde España, donde nunca se había realizado un movimiento de este tipo.
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), explicó que las inspecciones fiscales como la que enfrenta Ferrovial «no son ordinarias», sino que se inician «por iniciativa de la Administración». Mollinedo agregó que para empresas como Ferrovial, que está adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (empresas con más de 200 millones de facturación), la Agencia Tributaria actúa por indicios debido a su limitado personal.
Además de en España, Ferrovial también enfrenta inspecciones fiscales en otros cuatro países: Canadá, Países Bajos, Chile y Marruecos. Sin embargo, en Estados Unidos, su principal mercado en términos de cifra de negocio, no se está llevando a cabo ninguna investigación.
Ferrovial ya había advertido a sus inversores sobre la posibilidad de un ‘castigo fiscal’ en España en su folleto de salida a bolsa en Estados Unidos y en su informe anual de actividad. La empresa señaló que la Agencia Tributaria tiene un plazo de cuatro años, en general, para abrir una inspección y considerar si existía una motivación fiscal detrás del traslado de su sede.
El año pasado, Ferrovial ganó un pleito millonario contra la Agencia Tributaria, que se remontaba a 2006. El Tribunal Supremo anuló una sanción vinculada a la liquidación del impuesto de sociedades pagado tras la compra del Aeropuerto de Heathrow, el mayor aeródromo de Londres y Europa. Esta decisión resultó en la devolución de casi 120 millones de euros a Ferrovial.