El problema de seguridad en las cárceles no es un asunto desconocido; sin embargo, se está convirtiendo en una grave preocupación en la prisión provincial de Granada, ubicada en el término municipal de Albolote. Los sindicatos de los funcionarios de la prisión han enviado una carta a la Subdelegación del Gobierno, describiendo la «situación insostenible» que están enfrentando casi todos los días.
Los problemas surgen principalmente a las puertas del recinto, donde los familiares de los presos que quedan en libertad organizan auténticas fiestas con alcohol, petardos, cohetes y música. Estas «fiestas» se están convirtiendo en auténticos botellones, y no faltan las peleas, amenazas y discusiones entre familiares.
Una Estructura Única que Complica la Situación
Según los sindicatos, la prisión de Granada es la única que, por su estructura, «carece de un puesto de barrera desde donde se controle el acceso de personas y vehículos autorizados a entrar» en el recinto. Esta falta de control permite que cada día accedan libremente al aparcamiento de familiares y la entrada del centro familiar y amigos de internos, para celebrar las mencionadas fiestas de bienvenida a los internos e internas que salen de libertad o permiso.
Además de las peleas y discusiones, los sindicatos afirman que en estas fiestas hay de todo. Incluso, se ha encontrado una bala en los aseos de los visitantes, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de todos los presentes en la cárcel.
Los siete sindicatos que firmaron la carta también alertan sobre un peligro añadido. «El momento de la salida de internos del centro es grabado con móviles, por lo que el personal penitenciario corre el riesgo de ser grabado en el desempeño de su puesto de trabajo y acabar en redes sociales», advierten.
El riesgo de exposición pública del personal penitenciario puede tener graves consecuencias, ya que puede exponer a los trabajadores a posibles amenazas o ataques fuera del centro penitenciario.
La dirección del centro ha sido advertida varias veces del problema, pero responde que la vigilancia de los aparcamientos de los familiares corresponde a la Guardia Civil. A pesar de que el proyecto de construcción de una barrera y una garita para controlar el paso «está aprobado», sólo falta que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «dote de un presupuesto para ejecutarlo», recuerdan los sindicatos.
Por lo tanto, la solución al problema de seguridad en la prisión de Granada parece estar en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que debe proporcionar el presupuesto necesario para la construcción de las barreras necesarias para controlar el acceso al recinto.
A medida que esperan una solución, los funcionarios de la prisión y los reclusos deben enfrentar diariamente una «situación insostenible» que pone en riesgo su seguridad y bienestar. Esta situación también pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas de seguridad en las cárceles, para garantizar que todos los centros penitenciarios cuenten con las medidas de seguridad necesarias para proteger tanto a los reclusos como al personal.