En los últimos meses, la Unión Europea ha estado lidiando con la tarea de regular las prácticas laborales de las plataformas digitales, como Glovo, Uber y Deliveroo. En diciembre del año pasado, la presidencia semestral española de la UE tuvo que transferir la tarea de regular a estos trabajadores a la presidencia belga, debido a la resistencia encontrada en el Consejo y a la imposibilidad de hacer avanzar una especie de ‘ley rider’ europea.
Este intento de regularización se enfrentó a una minoría de bloqueo, que resultó ser un obstáculo insuperable para la legislación. Este problema persiste hoy, con los belgas descubriendo que aún existe una minoría de bloqueo que ha hecho descarrilar la normativa.
Fuentes diplomáticas han confirmado que en la reunión de embajadores celebrada recientemente, Francia votó en contra de la propuesta, mientras que Alemania, Grecia y Estonia optaron por abstenerse. Estas abstenciones, junto con el voto negativo de Francia, fueron suficientes para impedir la aprobación de la primera ley de este tipo.
La normativa propuesta aspira a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas como Deliveroo o Glovo. Según la Comisión Europea, aproximadamente 5,5 de los casi 30 millones de trabajadores de estas plataformas en la Unión Europea están mal clasificados como trabajadores por cuenta propia. La normativa propuesta otorgaría a estos trabajadores derechos como el salario mínimo, limitación de la jornada laboral, derecho a subsidios y pensión de jubilación, y también introduciría por primera vez reglas sobre gestión algorítmica y el uso de inteligencia artificial en el lugar de trabajo.
El texto de esta normativa es muy importante, ya que se llegó a un acuerdo en diciembre para conjugar la posición más progresista del Parlamento Europeo y la más conservadora en el Consejo. Sin embargo, el hecho de que haya elecciones europeas en junio complica enormemente la posibilidad de aprobar esta legislación en la presente legislatura. Existe la opción de votarla después, con el nuevo Parlamento que resulte de las elecciones, pero las elecciones pueden influir en la composición del Parlamento y no se puede prever si el próximo Parlamento apoyará el texto.
España, a pesar de estar descontenta con el grado de ambición del texto acordado en diciembre, es uno de los países que ha apoyado la aprobación de la normativa. Aunque votó a favor, España ha expresado su preocupación por que algunas disposiciones en el texto acordado no responden plenamente a lo que consideran que debería haber sido el contenido de esta Directiva. En particular, han lamentado que la presunción de laboralidad, que es el elemento central de la Directiva, es débil y poco ambiciosa.
Por ejemplo, la gestión algorítmica se aborda en el acuerdo alcanzado en diciembre, pero el texto no establece criterios de laboralidad ni un umbral para constatar la apreciación de la existencia de dirección y control del trabajo por la plataforma digital. Esta omisión, al remitir esta apreciación a la legislación nacional, puede dar lugar a una presunción a la carta y desigual en los Estados miembros, lo que podría no ser útil para clasificar correctamente a los millones de falsos autónomos en la UE. En otras palabras, el acuerdo podría no corregir la precariedad existente. Esta es una preocupación importante, ya que el objetivo de la propuesta de regulación es mejorar las condiciones de trabajo de estos trabajos en plataformas digitales.