Antoni de la Llosa es un experto en derecho de la competencia, trabajando con Redi Abogados, un bufete conocido por su lucha contra los grandes cárteles y grupos de empresas que buscan socavar la libre competencia. En una reciente entrevista, de la Llosa compartió detalles de su experiencia más reciente, centrándose en la mayor reclamación colectiva presentada en un juzgado de Valladolid por Redi Abogados contra el cártel de coches.

La demanda, que incluye a más de 13.000 personas, fue presentada contra el cártel de coches, con la esperanza de que los clientes pudieran recuperar los costos excesivos incurridos al comprar automóviles entre 2006 y 2013. A pesar de haber estado en las noticias durante varios años, la existencia del cártel de coches solo se ha confirmado recientemente a través de sentencias firmes.

Sin embargo, la mayoría de las reclamaciones contra el cártel de coches se han realizado de manera individual y por un importe menor a 3.000 euros. Este tipo de procesos se lleva a cabo en lo que se conoce como juicio verbal, y si el importe es de menos de 3.000 euros, no se puede apelar. Aunque hay cientos de sentencias de este tipo, la mayoría no han trascendido.

De la Llosa también habló sobre la responsabilidad solidaria en derecho, que implica que si dos personas son responsables de una deuda, el deudor puede reclamar a cualquiera de las dos. Esto es particularmente relevante en casos de cárteles, ya que cualquier miembro del cártel puede ser considerado responsable de los daños causados.

Además, abordó las dudas que existen sobre los plazos legales para presentar la demanda por parte de los afectados. Según de la Llosa, la mayoría de los abogados creen que el plazo para presentar una demanda comienza cuando se confirma la multa, que en el caso del cártel de coches no fue hasta 2021. Sin embargo, algunos jueces han aplicado el criterio de 2015, lo que podría desalentar a las personas a presentar demandas.

En cuanto a la reclamación conjunta presentada por Redi Abogados, de la Llosa explicó que aunque incluye coches de muchas marcas, se ha presentado contra Renault y en un juzgado de Valladolid. Esto se debe a que Renault tiene su domicilio fiscal en Valladolid y que los juzgados de esa ciudad han demostrado ser eficientes en casos de cárteles.

En términos de lo que se reclama, de la Llosa mencionó que se basan en un informe pericial que estima que el precio de los coches aumentó en más del 10% debido al cártel. Sin embargo, señaló que los jueces a menudo no confían en los informes de los peritos y optan por aplicar un porcentaje del 5%.

Además, de la Llosa ofreció una visión detallada de cómo operaba el cártel de coches, explicando que los fabricantes intercambiaban información confidencial entre ellos y coordinaban los márgenes de descuento con los concesionarios. Como resultado, los fabricantes eran menos agresivos en sus ofertas y los precios de los coches permanecían altos incluso en tiempos de crisis.

Finalmente, de la Llosa discutió el impacto a largo plazo de los cárteles en la industria del automóvil. Aunque no se sabe si actualmente existen cárteles en el sector, señaló que a menudo los precios de los coches no bajan a pesar de las bajas ventas, lo que sugiere que podría haber un cartel en funcionamiento. Además, mencionó que los fabricantes a menudo retrasan la introducción de mejoras medioambientales en sus coches, lo que indica que puede haber un problema de competencia en el sector.