En un giro inesperado de los eventos, María de la O Silva, la fiscal a cargo de la causa sobre presuntos delitos contra Hacienda presentada por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha desafiado la orden de rechazar la iniciativa legal. Esta orden fue emitida por la teniente fiscal del Supremo, provocando una ola de conmoción en los círculos judiciales y políticos.
Según informes de fuentes fiscales a ABC, la fiscal Silva ha invocado el artículo 27 del Estatuto que regula la Fiscalía, presentando un escrito con la venia de su jefe, el teniente de la Fiscalía Superior de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría. Este movimiento ha desencadenado un proceso en el que la decisión sobre la admisión de la querella será discutida y resuelta en la Junta de Fiscales de Sala.
El citado artículo 27 es un precepto que permite a los fiscales cuestionar la orden de un superior cuando creen que no se ajusta a la ley. En este caso, Silva era partidaria de realizar algunas indagaciones previas sobre la querella antes de adoptar una postura definitiva. Sin embargo, en una reunión convocada por la teniente del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, se le ordenó informar directamente en contra de la querella.
Este encuentro, el tercero sobre el tema, presentó una negativa rotunda a la postura de Silva. Sánchez Conde sostuvo que no había conducta delictiva en el comunicado que generó la querella: una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid que citaba extractos literales de los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal a cargo de su caso, Julián Salto.
A pesar de la negativa, Silva no estaba dispuesta a cerrar el caso, ya que consideraba que la querella tenía mérito. Propuso una solución intermedia: una investigación previa para determinar el origen de la orden que resultó en la difusión del polémico comunicado. Si la orden provenía del fiscal General, que asumió la «responsabilidad última» de lo sucedido, entonces el caso estaría fuera de la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y pasaría al Supremo.
Tras recibir la «sugerencia» de informar en contra de la querella, Silva solicitó que la orden se le diera por escrito, lo que sucedió la semana pasada. Es este hecho el que le permite invocar el artículo 27, forzando a la Junta de Fiscales de Sala a mantener una reunión en la que se decidirá si la orden tiene fundamento y cuál de las dos posturas es la que el Ministerio Público considera correcta.
Este desafío a la orden superior en el caso de la querella de González Amador no sólo pone de manifiesto el conflicto dentro de la Fiscalía, sino que también destaca la importancia de la independencia de los fiscales en su trabajo. A medida que la controversia se desarrolla, queda por ver cuál será el resultado final y cómo afectará a los involucrados, tanto en el ámbito legal como en el político.