La introducción de la nueva Ley de Consumo Sostenible marcará un hito en la forma en que se comercializan los electrodomésticos y productos electrónicos. Esta ley requerirá que los productos vengan con una etiqueta que informará a los consumidores sobre el índice de reparabilidad del aparato, es decir, la facilidad o dificultad de su reparación.
La secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, en una entrevista con EFE, explicó que la nueva etiqueta indicará “cómo de fácil o difícil es conseguir las piezas del electrodoméstico o también cómo de cara o no puede ser la reparación en función al precio del producto». Esto significa que los consumidores podrán tomar decisiones informadas sobre los productos que compran, no solo en términos de eficiencia energética y precio, sino también de reparabilidad.
Por ejemplo, cuando vayamos a comprar una lavadora, además de comparar la eficiencia energética, que ya lo podemos hacer, o el precio, podremos comparar en función de la puntuación que tenga en el índice de reparabilidad. Esto nos permitirá entender mejor las facilidades para reparar con respecto a otras lavadoras en el mercado.
Además, esta nueva ley también tendrá en cuenta el ‘ecodiseño’, que se refiere al diseño de productos para garantizar una mayor durabilidad y una mejor facilidad para las reparaciones. Esto es parte de un esfuerzo más amplio para promover una nueva generación de derechos sostenibles y de consumo, en línea con las directrices y reglamentos que se están regulando especialmente en el último año en la UE.
Otra directriz clave de la ley de Consumo Sostenible es que requerirá que las empresas fundamenten la información medioambiental que proporcionan. Medialdea argumenta que, dado que la población está cada vez más sensibilizada con la sostenibilidad, las empresas están ofreciendo mucha información comercial relacionada con este tema. Sin embargo, la preocupación radica en garantizar que esta información sea siempre cierta, fundamentada y no engañosa.
Por lo tanto, se prohibirán las afirmaciones y alegaciones medioambientales vagas que no tengan una certificación previa y que sean genéricas, como decir que un producto «es ecológico, que es verde o que esta empresa es amiga del medio ambiente o es sostenible, sin fundamentarlo».
Las empresas que proporcionen información engañosa serán sancionadas, con multas que pueden variar desde 100.000 euros hasta cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido de la publicidad engañosa. Esto es especialmente relevante dado que más de la mitad de las alegaciones medioambientales que hacen las empresas a nivel europeo y en España no están bien fundamentadas, según Medialdea.
Los españoles son de los europeos que cada vez más incorporan a sus decisiones de consumo su preocupación por la sostenibilidad y están dispuestos a asumir un mayor coste por hacer opciones de consumo más sostenibles. Esto resalta la importancia de que las empresas sean responsables e informen con argumentos sobre su política comercial de sostenibilidad, «sin utilizarlo para hacer una competencia desleal», según la responsable de Consumo.
La Ley de Consumo Sostenible regulará el derecho a la reparación, la lucha contra el blanqueamiento ecológico y la protección contra prácticas desleales. Esto es en respuesta a la creciente tendencia de algunas empresas de emplear estrategias de ‘greenwashing’ (lavado de imagen verde), según el ministro Pablo Bustinduy. Con esta ley, el término ‘sostenible’ recuperará su valor y significado, ya que la intención es «tomarse ese concepto en serio».