El nuevo sistema de índices que limita el precio del alquiler entrará en vigor este sábado en 140 municipios catalanes que han sido designados como zonas tensionadas, según las dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este sistema, establecido en la ley de vivienda, afectará a localidades como Barcelona, gran parte del área metropolitana, la franja costera, las otras tres capitales de provincia Girona, Lleida y Tarragona, y las localidades más pobladas como Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell y Terrassa. En estas zonas vive el 80,6% de la población de Catalunya, sumando un total de 6,2 millones de personas.
Estos límites, que se basan en una horquilla con una renta mínima y máxima dependiendo de las zonas y que se revisarán anualmente, serán de aplicación obligatoria por parte de los grandes tenedores. En Catalunya, se consideran grandes tenedores a todos los propietarios de más de cinco viviendas habituales en cualquier zona declarada tensionada. Esta condición de zona con precios elevados durará tres años a partir de la entrada en vigor este sábado, prorrogable anualmente siempre que se mantengan las circunstancias que motivaron tal declaración.
La ley de vivienda establece que una zona puede ser declarada tensionada si se cumple al menos una de las dos siguientes condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares en esa zona, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales por encima del porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.
El Ministerio ha destacado que sus referencias, que variarán en función de la altura de la vivienda, si tiene parking y otros elementos, estarán muy por debajo de los precios que figuran en los portales de alquiler. Han citado como ejemplo una vivienda en la calle València de Barcelona, en el Eixample, que se anuncia en un portal a 1.600 euros al mes, mientras que el sistema diseñado por el ministerio le pone un tope de 984 euros.
Este sistema de límites a las rentas ya ha provocado críticas, especialmente del sector inmobiliario. La Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya (APCE) ha advertido de que ya hay inversiones que iban a realizarse en Catalunya que han optado por Madrid o Málaga, entre otras zonas con «más seguridad jurídica». Afirman que el año y medio que la Generalitat aplicó una ley similar, que luego fue parcialmente derogada por el Tribunal Constitucional, «bajaron ligeramente los precios pero la oferta se redujo en un 15%».
La Mutua de Propietarios también ha alertado de que la limitación de precios fomentará el alquiler ilegal y reducirá la oferta de inmuebles en arrendamiento, que ya de por sí es escasa. Estas críticas señalan que donde se han aplicado limitaciones a los precios se ha producido una reducción de la oferta, un deterioro del parque inmobiliario y desincentivos para quienes pueden contribuir a que haya más viviendas disponibles para alquilar.