La dilación de la repatriación de residuos radiactivos acarrea costos millonarios para España
Durante más de tres décadas, España ha guardado residuos radiactivos en Francia, específicamente los que provienen de la central nuclear de Vandellós I. Esta central tuvo que cerrar abruptamente en 1989 tras sufrir el peor accidente nuclear de la historia provocado por un incendio. Según los compromisos firmados por España, estos desechos nucleares deberían haber sido repatriados hace tiempo, con fechas previstas inicialmente en 2010, luego en 2015, y finalmente para mediados de 2017. Sin embargo, estos plazos se han ido postergando y el gobierno español se ha marcado un nuevo objetivo: tener los residuos de vuelta en 2028, a pesar de la acumulación de más de una década de retraso.
La sociedad pública Enresa, que se encarga de la gestión de los residuos radiactivos españoles, está trabajando para cumplir este nuevo compromiso. El plan es repatriar los residuos dentro de cuatro años y almacenarlos en un nuevo depósito temporal ubicado cerca de la central tarraconense. El reactor de esta central está actualmente en estado de latencia, cubierto por un sarcófago de hormigón, a la espera de que comiencen los trabajos de desmantelamiento total de la planta en la próxima década.
El nuevo Plan General de Residuos Radiactivos
Según el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado el año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez, se ordena la construcción de un almacén temporal para Vandellós I que deberá estar operativo en 2027. Esto permitirá iniciar la repatriación de los residuos desde Francia el año siguiente. Hace dos años, Enresa ya inició los trabajos para el diseño y todas las tramitaciones necesarias para la construcción del almacén. Recientemente, la empresa pública ha firmado el primer contrato que inicia efectivamente el proceso de traslado de los residuos radiactivos desde Francia.
Este contrato se ha adjudicado al grupo francés Orano (anteriormente Areva), que se encargará de los servicios de ingeniería para la evaluación de la seguridad de almacenar los residuos en el nuevo silo de Vandellós I. También se encargará de tramitar con las autoridades francesas y españolas la licencia para transportar los contenedores de desechos radiactivos desde Normandía hasta Tarragona, así como de gestionar la vida útil de los contenedores en condiciones de almacenamiento.
Un contrato millonario y penalizaciones por retrasos
El contrato ha sido adjudicado a Orano sin publicidad, ya que sólamente este grupo podía realizar las funciones requeridas, al ser el propietario del diseño de los contenedores. El precio final que recibirá la compañía francesa será de casi 3,4 millones de euros, según la documentación oficial sobre el contrato.
Debido a los continuos retrasos en la construcción de un almacén de residuos nucleares en España, Madrid y París han tenido que ir ampliando y modificando estos contratos. Los aplazamientos en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), y ahora el abandono definitivo del proyecto, han hecho imposible repatriar los residuos en Francia en el plazo acordado. Como resultado, España ha tenido que pagar penalizaciones millonarias por incumplir su parte del acuerdo y para prorrogar el tiempo en que Francia guarda los residuos.
Desde el 1 de julio de 2017, Enresa ha estado pagando una sanción a la compañía francesa Orano por no repatriar a tiempo los residuos de Vandellós, que se encuentran en La Hague, en la región de Normandía. Hasta la fecha, España ha pagado más de 180 millones de euros en penalizaciones y seguirá pagando al menos durante cuatro años más. Según los últimos datos proporcionados por Enresa, la indemnización ascendía a más de 84.000 euros diarios en 2022.
Una vez que concluyan los trabajos de transporte de los residuos a España, Orano devolverá una gran parte de estas penalizaciones. Sin embargo, Enresa reconoce que los costos por almacenamiento que no se recuperarán superaban los 10 millones de euros hasta finales de 2022.