El Ministerio de Trabajo de España acelera la reducción de la jornada laboral
En un movimiento significativo tras las elecciones gallegas, vascas, catalanas y europeas, el Ministerio de Trabajo de España está presionando para concluir una de las normativas clave de la legislatura: la reducción de la jornada laboral. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se reunió el lunes con representantes de la patronal y sindicatos, con la intención de acelerar las negociaciones y presentar al Congreso una ley para reducir el tiempo máximo de trabajo antes de septiembre.
El objetivo de este esfuerzo legislativo es primero reducir las actuales 40 horas semanales de trabajo a 38,5 horas a partir del 1 de enero de 2025, para luego, en enero de 2026, llegar a las 37,5 horas semanales. En esta fase final, ocho de cada diez empleados cubiertos por un convenio colectivo verían reducido su tiempo máximo de trabajo. Uno de los puntos de conflicto en las discusiones se centra en la regulación de las horas extraordinarias.
Importancia capital y beneficios electorales
Para el segundo al mando de Yolanda Díaz en el Ministerio, la aprobación de la reducción de la jornada laboral tiene una «importancia capital» y un «interés superlativo«. Esta medida es vista como una oportunidad para impulsar reformas que podrían beneficiar al partido político de Sumar en futuras elecciones, siguiendo el ejemplo de la reforma laboral de 2021.
Hasta la fecha, las negociaciones para definir cómo se implementará la reducción de la jornada laboral en el día a día de las empresas se han llevado a cabo principalmente en el ámbito bilateral entre la patronal y los sindicatos. Sin embargo, Yolanda Díaz cree que «no hay más recorrido a esa negociación bilateral», según ha expresado su número dos.
El Gobierno está listo para intensificar las negociaciones, esperando llegar a un acuerdo tripartito antes de finalizar el mes de agosto.
Problema en las horas extra
Uno de los puntos de discordia en las negociaciones para la reducción de la jornada laboral son las horas extras. Una de las propuestas en discusión sugiere reducir el tiempo total de trabajo a cambio de permitir un aumento en las horas extraordinarias.
En España, se realizan mensualmente unos 25,6 millones de horas extraordinarias, de las cuales el 41% no se pagan, según los últimos datos disponibles del INE. Mari Cruz Vicente, secretaria de política sindical de CCOO, ha calificado estas horas como «terriblemente abusivas».
La CEOE no ha hecho comentarios sobre la reunión. Las relaciones actuales de los empresarios con el Gobierno están en un momento bajo, y la ley para la reducción de la jornada fue vista inicialmente como una intromisión pública en el ámbito de la negociación colectiva.
Para el Gobierno, es crucial que la CEOE forme parte de un posible acuerdo. La precaria mayoría parlamentaria que invistió a Sánchez sería difícilmente reelegible si la ley para la reducción de la jornada cuenta con el rechazo explícito de los empresarios. Partidos históricamente afines a los intereses de la patronal, como el PNV o Junts, tendrían más argumentos para desmarcarse de la norma y condenarla al fracaso parlamentario.