Los exconsejeros de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, liberados tras anulación de sus penas por malversación de fondos
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido dos providencias este miércoles, ordenando la liberación inmediata de los exconsejeros de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Esta decisión llega unas horas después de que el Tribunal Constitucional anulara las penas de seis años de prisión que estaban cumpliendo por un delito de malversación de fondos públicos en el famoso caso de los ERE en Andalucía.
Estas liberaciones siguen la tendencia marcada por la liberación del exdirector de la agencia autonómica IDEA, Miguel Ángel Serrano, quien el martes se convirtió en el primer ex alto cargo socialista preso que ha obtenido la carta de libertad tras ver anulada su pena en su totalidad.
El Tribunal Constitucional ha instruido a la Audiencia Provincial de Sevilla para que emita una nueva sentencia concerniente únicamente a una partida presupuestaria específica por la que se le condenó por prevaricación. Este movimiento se produce después de recibir un correo electrónico del órgano de garantías constitucionales anticipando el fallo de las sentencias que resuelven sus respectivos recursos de amparo y declarando la nulidad de la sentencia que los condenó.
Aguayo, ex responsable de Hacienda, logró el tercer grado a principios de este mes de junio, un régimen de semilibertad que le ha permitido abandonar la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) donde cumplía su condena. Desde entonces, solo tenía que acudir al Centro de Inserción Social Jiménez de Asúa de la capital andaluza para dormir.
Los detalles de la trayectoria de Martínez Aguayo y sus implicaciones en el caso
Martínez Aguayo ocupó el puesto de viceconsejera de Hacienda cuando José Antonio Griñán dirigía las finanzas andaluzas. Más tarde, entre 2009 y 2013, se convirtió en la titular de la consejería, tras el ascenso de Griñán a la Presidencia de la Junta. Esta médica de familia jubilada ha pasado año y medio en prisión por este caso de corrupción, menos de un tercio de los seis a los que fue condenada por malversación, al igual que su antiguo jefe, Griñán, quien fue dispensado de ingresar en la cárcel debido a que padece cáncer.
Martínez Aguayo fue la primera de los ex altos cargos socialistas en pisar la cárcel para cumplir la condena de seis años de prisión por malversación en el caso de los ERE. Ingresó en el centro penitenciario el 28 de diciembre de 2022, curiosamente el Día de los Inocentes.
Se espera que a lo largo de esta tarde, salga de la prisión de Sevilla I, Francisco Vallejo Serrano, quien fue consejero de Innovación de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2009, durante el mandato del PSOE. Vallejo Serrano fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a siete años y un día de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, además de 18 años y un día de inhabilitación absoluta.
El Tribunal Supremo confirmó su pena. Como consejero de Innovación, presidía el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente denominada Agencia IDEA, la entidad de la Junta de Andalucía que la Consejería de Empleo utilizaba para pagar ayudas irregulares y evadir los controles que impone la normativa de subvenciones.
Aún no ha habido recepción de fallos por parte de la Sección Primera de la Audiencia respecto al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández García, y al exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, quienes también han visto sus penas anuladas. Por lo tanto, no se tomará ninguna decisión sobre estos casos específicos hoy, según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tendrán que permanecer en prisión al menos un día más.
Alfonso Martínez del Hoyo, abogado defensor del exconsejero socialista de Empleo, Antonio Fernández, ha declarado que tras la estimación parcial del Tribunal Constitucional (TC) de su recurso de amparo contra su condena a siete años, once meses y un día de prisión por malversación en el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos autonómicos, «procede» su puesta en libertad por parte de la Audiencia de Sevilla como órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria, previamente confirmada por el Supremo y ahora anulada por el Constitucional.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que ante su recurso de amparo, el Constitucional considera que la Audiencia de Sevilla tendrá que redactar un nuevo pronunciamiento «exclusivamente» en lo relativo a la posible comisión de un delito de malversación en las modificaciones presupuestarias de 2000-2001 y a las disposiciones de fondos incluidos en el programa 3.1 L en ausencia o con desviación de su fin público.
El Constitucional le perdona así una parte de la malversación, pero deja fuera del amparo los actos de presupuestación y gestión que -en calidad de viceconsejero de Empleo- realizó para las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, antes de que las leyes de presupuestos hubieran incorporado el concepto de transferencias de financiación del IFA a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
También excluye del amparo las disposiciones de fondos ordenadas en el ámbito de la Consejería de Empleo entre 2002 y 2009 bajo la vigencia de las leyes de presupuestos que incorporaban tales aplicaciones al programa 3.1 L, pero que excedieron su ámbito de cobertura porque se hicieron en «ausencia de fin público».