El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado a favor de la exministra socialista, Magdalena Álvarez, en su recurso de amparo contra las sentencias que la condenaron a nueve años por prevaricación continuada en el caso ERE. Este caso, relacionado con el fraude de las ayudas sociolaborales, provocó un agujero de 680 millones de euros.
El Pleno de la institución ha respaldado la ponencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, eximiendo de responsabilidad penal al Ejecutivo autonómico. La decisión se basa en la consideración de que ni los anteproyectos de ley ni los proyectos se pueden considerar decisiones administrativas, sino funciones propias de un gobierno autonómico.
El papel de Magdalena Álvarez en el caso
Álvarez, siendo consejera de Hacienda, elaboró los anteproyectos de ley de presupuestos que se aprobaron después en el Consejo de Gobierno. Según los magistrados, la condena de Álvarez se basa en una comprensión de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento de Andalucía que «no es compatible con la noción de democracia parlamentaria» ni con el concepto mismo de Estado Constitucional.
Las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Supremo condenaron a Álvarez partiendo de la premisa que las iniciativas legislativas —denominadas prelegislativas en ambas resoluciones— que dieron lugar a las leyes de presupuestos para los años 2002 a 2004 incurrieron en una «incontestable ilegalidad» al establecer un sistema de presupuestación «indebido» (las transferencias de financiación). Este sistema, según las mencionadas sentencias, tenía como objetivo evitar los controles previstos en la legislación presupuestaria relativos a la concesión de subvenciones.
No obstante, el TC ha criticado esta consideración, que constituyó el fundamento de la condena. Según el alto tribunal, el hecho de analizar la «legalidad» de los anteproyectos y proyectos de ley incide en un ámbito ajeno al control judicial y excede de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida en la Constitución.
Al calificar de «manifiestamente» ilegal el sistema de presupuestación, la Audiencia y el Supremo se atribuyeron prerrogativas que, en opinión del TC, no poseen.
Cabe mencionar que, poco antes de que se conociera el fallo del TC y de las elecciones europeas, el presidente del Gobierno aludió a la exconsejera como víctima del fango «de la ultraderecha». Según Sánchez, su mujer está imputada por la misma razón.
La decisión del TC supone un respiro para Álvarez, quien ha defendido en todo momento su inocencia y ha afirmado que sus actuaciones siempre se desarrollaron dentro del marco legal. La exministra ha recibido el apoyo de varios miembros de su partido, que han celebrado la decisión del tribunal.
El caso ERE es uno de los más significativos en la historia reciente de España, por la magnitud del fraude y el número de implicados. Con este fallo, el TC pone fin a una de las ramas más relevantes de la investigación, aunque aún quedan pendientes otras decisiones judiciales relacionadas con el caso.