El Gobierno de España presentó recientemente el índice de referencia de precios de alquiler, una medida que ha suscitado gran controversia en el sector inmobiliario. La medida, que se anunció hace nueve meses tras la aprobación de la Ley de Vivienda, tiene como objetivo reducir los precios inflados del alquiler en el país. Sin embargo, muchos profesionales del sector argumentan que la medida será contraproducente y podría tener un efecto negativo en el mercado inmobiliario.
El índice de referencia proporciona un rango de valores orientativo para la fijación de los nuevos contratos de alquiler. Uno de los principales argumentos en contra de la medida es que podría disuadir a los propietarios de poner sus inmuebles en el mercado de alquiler. El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, sostuvo que la medida será «un freno para la incorporación de nuevos inmuebles al mercado de alquiler», especialmente para aquellos que no han sido alquilados durante más de cinco años.
La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) también se ha pronunciado en contra de la medida. La secretaria general de la asociación, Beatriz Toribio, afirmó que los esfuerzos del Gobierno en materia de vivienda están «mal orientados». Toribio sostiene que la falta de vivienda de alquiler es lo que está impulsando los precios al alza, y que la diferencia entre el precio de oferta y el precio final no puede ser tan dispar.
La APCEspaña propone la creación de su propio Observatorio de la Vivienda, en colaboración con la CEOE, que pondría «el foco no tanto en los precios, como en la oferta». Toribio concluye que el tope de precios solo resultará en la disminución de la oferta.
El portal inmobiliario fotocasa comparte la misma opinión, argumentando que la falta de oferta es lo que impulsa los precios al alza. Fotocasa advierte que la medida es intervencionista para los arrendadores y podría resultar en una contracción de la oferta de viviendas en alquiler.
Iñaki Unsain, director de la consultora ACV Gestión Inmobiliaria, predice que las familias con menor capacidad adquisitiva tendrán más dificultades para acceder a la vivienda, ya que la oferta disminuirá. «Intervenir el mercado de la vivienda no solo no va a reducir los precios, sino que lo que va a provocar es que la gente desplazará sus inversiones a otras regiones y van a cambiar los tipos de contrato», pronostica.
Los catedráticos Jose Garcia Montalvo y Josep Maria Raya, de la Universitat Pompeu Fabra, y el asesor de investigación de la Federal Reserve Bank of San Francisco, Joan Monras, también han cuestionado la medida. En un informe reciente, argumentan que «el problema del alto precio de los alquileres en grandes ciudades es, seguramente, más un problema de falta de oferta dado el incremento de demanda, que de poder de mercado».
El índice se impondrá sobre las áreas consideradas como tensionadas, que son aquellas en las que el costo medio del alquiler representa más del 30% de los ingresos medios de los hogares, y en las que los precios han subido más de un 3% por encima del IPC. El indicador afectará a grandes tenedores de viviendas, o a viviendas que han estado fuera del mercado de arrendamiento como vivienda habitual durante los últimos cinco años.
Las Comunidades Autónomas tendrán que solicitar la declaración de zonas tensionadas. Hasta ahora, solo Catalunya lo ha solicitado, y la medida se aplicará a partir del próximo 13 de marzo. Sin duda, el índice de referencia de precios de alquiler es una medida que ha levantado ampollas en el sector inmobiliario, y solo el tiempo dirá si será efectiva en su objetivo de reducir los precios del alquiler en España.