La actividad agraria y ganadera en España ha estado experimentando dificultades durante algún tiempo, especialmente para los empresarios familiares. En este contexto, es importante recordar que los agricultores son, ante todo, empresarios. La demanda sectorial de una reducción de la burocracia para las explotaciones ganaderas y agrícolas es solo un indicador más de que la producción alimentaria en el sector primario es compleja y, a menudo, requiere una formación multidisciplinar y recursos adecuados. Ser ganadero o agricultor no es para todo el mundo, ni por vocación ni por recursos.
Consideremos, por ejemplo, el coste de los tractores. En muchos casos, estos superan incluso el precio de los coches de alta gama. Una cosechadora de cereal puede requerir una inversión superior a los 300.000 euros. Ser propietario de la tierra es un privilegio generalmente heredado, y la producción moderna profesional está cada vez más alejada de los tópicos de un trabajador de subsistencia. Las familias vinculadas a la agricultura y la ganadería suelen tener patrimonios relevantes que, ahora más que nunca, son deseados por fondos de inversión y grandes compañías del sector primario.
La irrupción de invernaderos para la agricultura de precisión requerirá inversiones millonarias. En este contexto, el futuro del empresario-agricultor autónomo parece escaso en un sector en el que incluso las cooperativas o agrupaciones de profesionales luchan por alcanzar la rentabilidad. Ahora están surgiendo las OPFH u organizaciones modernas de productores de tamaño respetable, capaces de planificar las siembras en función de las demandas previstas y lograr economías de escala más adecuadas.
En medio de todo este cambio, la revolución del campo está en proceso, y está principalmente en manos de empresarios relevantes y grandes capitales, no en las de las empresas familiares. Las ayudas públicas deben asegurar la independencia alimentaria, pero también deben tutelar las condiciones de los trabajadores más que de los empresarios.
Asegurar la viabilidad de las microempresas será una tarea difícil. Tal vez sea el momento de vigilar los apoyos sectoriales para abaratar costes, especialmente laborales, más que abordar la subvención de producciones. En este sentido, la reinvención de la política agraria comunitaria y la imposición de aranceles a importaciones extracomunitarias tiene todo el sentido del mundo.
La producción alimentaria moderna se ha convertido en un negocio complejo y altamente especializado, alejado de la imagen tradicional de la agricultura familiar. Los altos costos de los equipos y la necesidad de grandes inversiones para mantenerse al día con los avances tecnológicos, como los invernaderos de precisión, están dejando cada vez más a los pequeños productores en desventaja.
Las grandes compañías del sector primario y los fondos de inversión están cada vez más interesados en la propiedad de la tierra y en la producción agrícola y ganadera. Mientras tanto, las organizaciones modernas de productores, que pueden planificar las siembras de acuerdo con las demandas previstas y lograr economías de escala adecuadas, están sustituyendo a los pequeños productores y cooperativas.
Las ayudas públicas tienen un papel crucial que desempeñar en este contexto. Deben garantizar la independencia alimentaria del país y proteger las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, asegurar la viabilidad de las microempresas en este nuevo entorno será una tarea difícil.
Al abordar estos desafíos, puede ser necesaria una reinvención de la política agraria comunitaria, junto con la imposición de aranceles a las importaciones extracomunitarias. De este modo, se protegerá la producción alimentaria nacional y se garantizará que los agricultores y ganaderos de España puedan seguir desempeñando su papel esencial en la economía y la sociedad.