Vox sostiene que la única alternativa que considera compatible con la justicia y el interés de los 1.342 menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta es su regreso a Marruecos. Esta posición ha sido defendida durante la última semana por varios portavoces del partido y ha quedado formalizada en cartas remitidas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Los escritos, de idéntico contenido, fueron enviados por los vicepresidentes autonómicos de Vox Óscar Fernández, de Extremadura; Alejandro Nolasco, de Aragón; y Carlos Pollán, de Castilla y León. En ellos afirman que no existe otra opción jurídica que el retorno a Marruecos de los menores que han entrado en Ceuta en los últimos días y cuyo traslado a otras comunidades autónomas estudia el Gobierno para reducir la presión asistencial en la ciudad.
Los dirigentes de Vox plantean el regreso de los menores al país desde el que accedieron a España, bien mediante la reunificación con sus familias o a través de su entrega a la institución tutelar competente de Marruecos. Asimismo, avanzan que recurrirán ante los tribunales todos los expedientes individuales que no terminen con el retorno de los niños a ese país.
El Gobierno central ya está examinando la situación particular de cada menor en Ceuta, un trámite necesario antes de iniciar los traslados que correspondan a la Península. Los vicepresidentes de Vox reclaman acceder a la documentación que acredite las gestiones realizadas para localizar a las familias, determinar la edad de los menores, valorar su interés superior y adoptar una resolución en cada caso. Su objetivo es revisar el procedimiento seguido y, posteriormente, impugnar las decisiones relativas a los menores que sean derivados a la Península.
La oposición a la acogida de menores migrantes no acompañados constituye uno de los ejes de la acción política de Vox. Esta cuestión provocó en julio de 2024 la ruptura unilateral de los cinco gobiernos de coalición que entonces mantenía con el PP, después de que los populares aceptaran el sistema de reparto propuesto por el Ejecutivo central.
En los acuerdos autonómicos suscritos en los últimos meses, la formación de Santiago Abascal ha dejado por escrito la respuesta que deben adoptar los gobiernos de coalición ante futuros mecanismos de distribución de menores. La vía judicial anunciada ahora se integra en esa estrategia.
El primer punto del apartado de inmigración de los acuerdos firmados en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía establece: «No más menores extranjeros no acompañados». También recoge que estos gobiernos se opondrán por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, sean mayores o menores de edad. Vox sitúa en ese marco los recursos judiciales que plantea.
No obstante, las comunidades no pueden evitar que los menores cuyo traslado se acuerde sean atendidos por sus servicios asistenciales, ya que el procedimiento está establecido legalmente y tiene carácter vinculante. El vicepresidente extremeño, Óscar Fernández, aseguró que cumplirán la ley, aunque darán la batalla por todos los medios a su alcance para impedir que los menores lleguen a Extremadura.
Además de esta estrategia jurídica, los tres vicepresidentes de Vox con competencias en inmigración —el de Andalucía no dispone de ellas— han comunicado a Sira Rego que no asistirán este jueves a la Comisión Sectorial de Infancia. Esta reunión precede a la Conferencia Sectorial prevista para finales de mes, en la que se tratará el reparto de los menores.