En un esfuerzo por mitigar el impacto de la creciente crisis energética, el PSOE ha propuesto una enmienda al proyecto de ley de medidas anticrisis que podría dar lugar a una reducción significativa en el costo de la luz en 2024. Esta propuesta se basa en la realocación de hasta 1.100 millones de euros inicialmente destinados a financiar la tarifa barata de gas en los últimos dos años, pero que no fueron utilizados.
En octubre de 2022, el Gobierno aprobó un crédito extraordinario de 3.000 millones de euros para financiar la subida del precio de la tarifa ‘barata’ de gas natural, conocida como la tarifa de último recurso o TUR. Esta medida fue una de las principales estrategias implementadas por el Gobierno para prevenir un aumento desproporcionado en los costos de calefacción y agua caliente para los hogares españoles durante la crisis energética.
Sin embargo, desde entonces, el precio del gas ha regresado a los niveles preguerra y, en consecuencia, aproximadamente dos tercios de estos fondos no se han utilizado. Según los datos más recientes proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica, hasta septiembre de 2023, se habían gastado 642,2 millones de euros de estos fondos. Se espera que se destinen 300 millones de euros adicionales para financiar esta medida durante 2024, así como un monto similar para las comunidades de vecinos, extendiendo ambas medidas hasta el 30 de junio de 2024.
Aunque aún no se conocen los gastos del último trimestre de 2023, se espera que el total gastado esté en torno a los 1.000 millones de euros, dejando un excedente de 2.000 millones de euros. El PSOE propone utilizar hasta 1.100 millones de este excedente para «asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico en el ejercicio 2024», mientras que cualquier remanente no utilizado se devolverá al Tesoro Público antes del 30 de junio de 2025.
El sistema eléctrico se financia a través de la factura de la luz. Cada año, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establecen precios regulados que los consumidores deben pagar. Estos cargos se utilizan para financiar las primas a las renovables, cubrir el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares y pagar la deuda histórica del sistema eléctrico.
En un esfuerzo por evitar un aumento en los precios de la electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió congelar los cargos en 2024, manteniéndolos alrededor del 55% por debajo de los niveles preguerra. Según un análisis de la CNMC, de los 7.700 millones de costes estimados para este año, apenas se cubrirán unos 2.500 millones a través de la factura de la luz de los consumidores.
El resto de los costes se financiará a través de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2 y de impuestos, como el 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica, sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos o el canon hidráulico y otros. La propuesta del PSOE permitiría que los 1.100 millones de euros que no se necesitaron para la crisis del gas se utilicen para sufragar estos costos en 2024.