El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la reforma legal que propone una depuración de las aguas fecales más rigurosa y ampliamente aplicada. Esta resolución, aprobada con 481 votos a favor, 79 en contra y 26 abstenciones, busca mejorar el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales urbanas.
La reforma amplía la aplicación de la directiva actual con el objetivo de abarcar una mayor concentración de habitantes. Además, busca proteger no sólo el medio ambiente, sino también la salud humana. Es relevante destacar que, a través de esta reforma, se busca la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Se espera que para el año 2035, las aguas residuales urbanas se sometan a un tratamiento secundario, es decir, la eliminación de la materia orgánica biodegradable, en todas aquellas aglomeraciones del tamaño de 1.000 habitantes equivalentes (PE). Los PE son la unidad de medida estándar que describe la contaminación promedio liberada por una persona por día.
Para 2039, los países de la UE deberán garantizar la aplicación del tratamiento terciario, que implica la eliminación de nitrógeno y fósforo, en todas las plantas que cubran 150.000 habitantes equivalentes o más. Para el año 2045, este tratamiento también deberá aplicarse en plantas que cubran 10.000 habitantes equivalentes. Además, se implementará un tratamiento adicional, denominado tratamiento cuaternario, que elimina un amplio espectro de microcontaminantes.
Las nuevas normas también promueven la reutilización de las aguas residuales tratadas. Es necesario que los Estados miembros consideren estas medidas en sus estrategias nacionales sobre resiliencia del agua, especialmente en zonas con escasez de agua.
Además, se fortalecerá el monitoreo de diversos parámetros de salud pública, como el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, poliovirus, gripe y patógenos emergentes. También se controlará la presencia de contaminantes químicos, incluidos los llamados «químicos para siempre» y microplásticos.
En cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, se introduce un objetivo de neutralidad energética. Las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas deberán aumentar progresivamente la proporción de energía renovable utilizada cada año: 20% en 2030; 40% en 2035; 70% en 2040 y 100% en 2045.
La reforma también introduce una responsabilidad ampliada del productor para los medicamentos de uso humano y los productos cosméticos, acorde con el principio de «quien contamina paga». Esto implica que los fabricantes deberán cubrir los costos del tratamiento adicional necesario para eliminar los microcontaminantes de las aguas residuales urbanas.
Se estipula que al menos el 80% de los costos serán cubiertos por los productores, lo cual se complementará con financiación nacional. Esta medida busca evitar consecuencias no deseadas en la disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de productos vitales, en particular de medicamentos.