La corporación vitivinícola Freixenet, filial catalana del grupo alemán Henkell Freixenet, afronta un obstáculo importante en sus estrategias de gestión laboral. Tras un rechazo por parte de la Generalitat a su solicitud de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la compañía busca ahora nuevas formas de manejar la caída de su actividad provocada por la sequía. El ERTE habría afectado a más de 600 contratos, es decir, al 80% de la plantilla de la bodega catalana.
La ‘conselleria’ de Empresa i Treball, el departamento encargado de estas gestiones, no ha aceptado la causa de fuerza mayor con la que Freixenet justificaba la suspensión o modificación de estos contratos. Según este organismo, la previsibilidad y la inevitabilidad son dos elementos capitales para justificar un ERTE de fuerza mayor ordinaria. No obstante, en el caso de Freixenet, la sequía y la falta de lluvias que el país ha estado sufriendo durante más de tres años, no se consideran un hecho imprevisto o inevitable.
Aunque la Generalitat ha aprobado seis ERTEs relacionados con la sequía antes de que Freixenet presentara su caso, estos fueron aceptados como ‘causa mayor’ por estar vinculados con restricciones que dependen de decretos del Govern. En el caso de Freixenet, sin embargo, no se ha aplicado la misma lógica.
En vista de este revés, Freixenet, con operativa en Sant Sadurní d’Anoia, tiene varias opciones a mano. Podría apelar la decisión, aunque lo haría ante el mismo organismo que la ha tomado. Otra alternativa sería aplicar un ERTE por circunstancias Económicas, Técnicas, Organizativas o Productivas (ETOP). Esta última opción sería negociada con la representación de los trabajadores y la Generalitat no tendría voz en el asunto. En caso de no llegar a un acuerdo, Freixenet tiene la libertad legal para proceder unilateralmente.
Fuentes cercanas a Freixenet expresaron su decepción ante la decisión de la Generalitat, a pesar de haberla previsto. Defienden que la sequía y sus efectos son imprevisibles, y que la compañía ha estado trabajando internamente y solicitando a la Denominación de Origen Cava (D.O. Cava) medidas para mejorar su situación. A pesar de aceptar la decisión, el grupo se mantiene firme en la necesidad de un ERTE, tal y como se menciona en su comunicado.
La compañía ha argumentado que la falta de uvas y vino base para la producción de cava ha llevado a una reducción masiva del trabajo en los procesos de producción. Según cifras de la empresa, se necesitan 80 millones de botellas adicionales para satisfacer la demanda actual. Esto se debe a la sequía extrema en las comarcas del Alt Penedès, Baix Penedès, El Garraf y Camp de Tarragona.
Freixenet ha apuntado directamente a la D.O. Cava, solicitando la actualización de la normativa y la adopción de medidas para «contrarrestar la tensa situación de suministro». Esto incluye la revisión de la obligación de trabajar con uva eminentemente local.
Por otro lado, el consejo regulador del cava ha acordado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación flexibilizar este tipo de requisitos y permitir a las bodegas utilizar cierta cantidad de uvas procedentes de parcelas no necesariamente inscritas en el registro de explotaciones que gestiona este consejo regulador. No obstante, Freixenet asegura que estas medidas «no son suficientes ni llegan a tiempo para evitar un ERTE», concluyen.