El histórico acuerdo de protección del Parque Nacional de Doñana se tambalea ante una nueva polémica surgida en torno a la presunta declaración de suelos forestales como cultivables. Este acuerdo, que fue sellado hace menos de tres meses por el Gobierno central y la Junta de Andalucía, ha suscitado preocupaciones por la reciente simplificación administrativa, un decreto autonómico que ha provocado controversia.
El origen de la polémica radica en un artículo de este decreto ley de 600 páginas, que ha llevado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a suspender la jornada de reuniones prevista para mañana. En esta reunión, convocada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se iba a abordar el reparto de fondos contemplados en el acuerdo marco firmado por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.
La polémica se ha avivado tras la denuncia del PSOE-A que acusa al Gobierno andaluz de recuperar, a través del decreto-ley de simplificación administrativa, la iniciativa de declarar como cultivables suelos forestales en la Corona Norte de Doñana. Esta medida había sido contemplada en la polémica proposición de ley del PP.
Ante estas acusaciones, el Gobierno andaluz ha defendido rotundamente que no se pretende recuperar esa proposición de ley con este decreto. Así, ha aseverado que simplemente se busca adaptar la ley forestal andaluza a la estatal y que «en ningún momento se habla de regadíos, ni de Doñana».
No obstante, la ministra Ribera ha optado por suspender la reunión, declarando que desconoce el alcance de la legalización retroactiva que se propone. Ribera ha admitido su preocupación y ha declarado que se ha encontrado con el decreto «por sorpresa» en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asegura que en el Gobierno no tenían «ni idea» de que se estuviera realizando una modificación de este tipo, por lo que hay que tomarla «con mucha cautela». La ministra ha mencionado que queda pendiente un estudio por parte de los servicios jurídicos del Ministerio.
Por su parte, el Gobierno andaluz ha asegurado que «no actúa unilateralmente ni de espaldas a nadie», y que está dispuesto a buscar una fórmula de redacción consensuada con el Gobierno central. «Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo», han señalado fuentes del Ejecutivo.
El artículo en cuestión modifica la ley forestal de Andalucía. La modificación propone que las superficies cuyo propietario, tras tener especies forestales de turno corto en régimen intensivo, decida la reversión del uso agrícola, no tendrán que estar sujetas a la ley forestal siempre que ese uso haya estado autorizado con anterioridad. Sin embargo, el PSOE-A denuncia que este artículo replica la proposición de ley de PP y Vox que decayó con el acuerdo sobre Doñana.
Finalmente, la organización WWF ha denunciado que la Junta reduce la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana y «abre la puerta a la amnistía» a agricultores ilegales que ocupan estos terrenos. La Junta, por su parte, subraya que la medida no es para Doñana, que afecta a «diversas superficies» en Andalucía, y que «no tiene nada que ver con agua ni con la autorización de regadíos».
Con la convalidación del decreto prevista para este miércoles en el Parlamento de Andalucía, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se esperaba una reunión en Sevilla entre Ribera y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para buscar soluciones a la sequía. Sin embargo, esta reunión queda en el aire por ahora.