El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha elevado una petición formal a las compañías españolas con una presencia significativa en Israel. En una carta dirigida a estas empresas, Bustinduy instó a las mismas a tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de que sus actividades económicas en Israel puedan contribuir a las «flagrantes violaciones de derechos humanos que el estado israelí está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados».
La carta, un documento de fuerte tono político y social, insta a las empresas que operan en territorio israelí a implementar una serie de acciones. Bustinduy ha demandado a estas compañías que proporcionen al Ministerio las evaluaciones y estudios que han llevado a cabo para evitar el riesgo de abusos de los derechos humanos de la población palestina.
Estos estudios deberían incluir consultas a expertos en derechos humanos, a grupos potencialmente afectados y a otras partes interesadas. El Ministro enfatizó la necesidad de que las empresas describan la metodología utilizada para evaluar el impacto de sus operaciones en Israel.
Además, Bustinduy pidió a las firmas que operan en Israel que «rindan cuentas» sobre las medidas que están tomando para prevenir las consecuencias negativas de su actividad en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza. Esta demanda de transparencia y responsabilidad representa un llamado directo a la acción para las empresas españolas en Israel.
El Ministro también solicitó a las empresas que informen sobre los mecanismos y disposiciones que han implementado para garantizar que los consumidores tengan pleno conocimiento de estas operaciones y acciones.
Según la base de datos de Informa, existen 28 empresas españolas con filiales en Israel, de las cuales dependen 32 filiales. La empresa española con más participaciones en Israel es CAF, con 3 filiales. Naturgy y Siemens también tienen tres filiales cada una en Israel. Amadeus y Rioglass Solar Holding siguen con dos filiales. Los sectores más representados son los servicios empresariales y la construcción y actividades inmobiliarias.
Bustinduy justificó el envío de la carta señalando la última orden de la Corte Internacional de Justicia, que instaba a Israel a tomar medidas inmediatas y efectivas para impedir un posible genocidio en la Franja de Gaza. Entre las resoluciones, la Corte pidió a los Estados que adopten medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí y/o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas.
Esta orden incluye sus relaciones comerciales y cadenas de valor, y en el caso de las empresas que operan en Israel, se extiende a las operaciones que podrían tener efectos sobre la población de los territorios palestinos ocupados.
Bustinduy sostiene que esta petición está alineada con la doctrina internacional y señala que está recogida en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos y en la Directiva UE sobre diligencia debida de las empresas aprobada por el Parlamento Europeo. Esta Directiva incide en el derecho del consumidor a contar con la información necesaria para el disfrute de bienes respetuosos con los derechos humanos.