La intervención del gobierno en la crisis energética: limitación de precios y devoluciones millonarias
En el contexto de la crisis energética, el Gobierno implementó un sistema para prevenir posibles ganancias excesivas de las compañías eléctricas durante las olas de aumentos de precios. Este movimiento buscaba evitar que algunas empresas aprovecharan la escalada histórica de los precios energéticos para aumentar sus ingresos de manera desmesurada. Para lograrlo, se estableció un precio máximo para los contratos de venta de electricidad, una medida que se adelantó a la Unión Europea y estableció límites más estrictos que los aprobados por Bruselas para todos los estados miembros.
La medida estuvo en vigor durante más de dos años, desde octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre del año pasado, cuando el Gobierno dio por concluido este mecanismo. Esta decisión se basó en la interpretación de que la situación de los mercados energéticos se había normalizado después de los picos durante la crisis. El objetivo de la medida era asegurar que las empresas energéticas no vendieran la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios exorbitantes que marcaba el mercado mayorista en ese momento.
Un análisis más profundo de la intervención del Gobierno
Los precios del mercado eléctrico se dispararon debido a la alta cotización del gas natural y los derechos de emisión de CO₂, costos que estas tecnologías en particular no soportan. Por lo tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, obligó durante más de dos años a las empresas nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extra obtenidos por los contratos de venta firmados por encima de un precio tope de 67 euros por megavatio hora (MWh). Esta medida se implementó para evitar los denominados beneficios caídos del cielo.
Devoluciones millonarias resultaron de esta regulación. Desde enero pasado, las compañías productoras de electricidad pueden vender su energía al precio que consideren sin limitaciones de precios máximos. Sin embargo, mientras estuvo en vigor el mecanismo, las empresas energéticas debieron devolver al sistema eléctrico ingresos excesivos por un total de 1.062 millones de euros, según los últimos registros oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La CNMC, encargada de realizar las liquidaciones de costes y gastos del sector eléctrico, confirmó que las reducciones forzadas de los ingresos alcanzaron los 131,8 millones de euros entre octubre y diciembre de 2021. Estas disminuciones fueron de 370,4 millones en el conjunto de 2022 y se dispararon hasta los 560,1 millones de euros en 2023, el último año de vigencia de la medida. Estas cifras superaron las previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica en 230 millones de euros, según el último informe del organismo hecho público.
El otro tope: la ‘excepción ibérica’
Durante la crisis energética, el Gobierno implementó un marco legal para intervenir en el mercado eléctrico y controlar los picos históricos de precios de la electricidad. España articuló varios mecanismos de precios máximos para mitigar el impacto de los grandes aumentos en las facturas de los hogares y las empresas. Además del límite al precio de venta de la electricidad de nucleares, hidroeléctricas y renovables, esta red de seguridad también incluía la llamada excepción ibérica, que dejó de estar vigente a principios de 2024.
La excepción ibérica, el mecanismo que impone un límite al precio del gas utilizado para producir electricidad para reducir el precio final de la luz, desapareció forzosamente porque la Comisión Europea decidió no prolongar para este año el marco temporal de crisis por la guerra en Ucrania. Este marco funcionaba como aval para que los estados miembros adoptaran medidas de emergencia. No obstante, el sistema de tope al gas decayó tras permanecer ocho meses inactivo de facto, ya que los precios del gas natural estuvieron todo ese tiempo por debajo del tope establecido por el mecanismo.
En junio de 2022, España y Portugal implementaron la denominada excepción ibérica, que imponía un tope al precio del gas utilizado para producir electricidad, para que el resto de las tecnologías de generación no se contagiaran por los aumentos del precio del gas. Este último alcanzó máximos históricos durante la crisis energética. El Gobierno estima que el mecanismo ha ahorrado a todos los consumidores españoles más de 5.100 millones mientras estuvo vigente, gracias a la rebaja de los precios del mercado mayorista de la electricidad.
¿Fin de las rebajas de impuestos?
Para 2024, el Gobierno decidió mantener una fiscalidad reducida para las facturas de luz y gas. Sin embargo, se aplicará un aumento escalonado respecto a los niveles que se aplicaron durante la crisis energética. Este incremento progresivo afectará el IVA de la luz y el gas, el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). Se espera que estos cambios conduzcan a una normalización total de la fiscalidad de las facturas energéticas a partir de julio.
El Gobierno también mantuvo el mecanismo que limita los aumentos que se pueden aplicar a las tarifas de último recurso de gas (TUR) y la vigencia de la tarifa vecinal de gas. Está previsto que estas medidas estén vigentes hasta finales de este mes, aunque aún está por ver si el Gobierno decide prolongarlas. El mismo interrogante se plantea para el nuevo tipo de bono social, excepcional y temporal, destinado a hogares de clase media a raíz de la crisis energética y la incertidumbre económica provocada por la guerra.