Juez de la Audiencia Nacional Propone Juzgar a Villarejo y González en Relación con Presuntos Encargos Ilegales
En un giro sorprendente, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto llevar a juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González, a la entidad bancaria en sí y a varios ex funcionarios de la entidad. La propuesta está relacionada con los presuntos encargos ilegales que Villarejo habría realizado para el banco mientras estaba en servicio.
La investigación, que comenzó en 2018, también procesa al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano, al ex-CEO del banco Ángel Cano y al exdirector de Riesgos Antonio Béjar. Estos individuos están siendo investigados por supuestos delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Profundizando en las Acusaciones
El juez García Castellón también propone llevar al banquillo a otros miembros de la entidad, incluyendo al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu, al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega, al responsable de Auditoría Interna Joaquín Gortari, al exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García y al empleado de la entidad Óscar Santos.
Además de estos individuos, el socio de Villarejo, Rafael Redondo, el exinspector de Policía Antonio Bonilla y otro agente con carnet profesional 76.738 también están siendo procesados. Sin embargo, el juez ha acordado el archivo para 11 investigados.
El magistrado elogió la «impecable narración de los acontecimientos» presentada por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito, que apoyó la conclusión de la investigación. Según el juez, la evidencia presentada es sólida y es el resultado de la actividad investigadora en el marco de las diligencias previas.
La Contratación con Villarejo
Según el fiscal Alejandro Cabaleiro, la contratación de Julio Corrochano por el BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del policía, entre los que se encontraban Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
Villarejo, con su especial posición dentro de la estructura policial, habría creado una estructura empresarial para lucrarse, asegura el fiscal. Esto le permitió, entre otras cosas, acceso indirecto a todos los registros policiales y a bases de datos reservadas a las que las fuerzas de seguridad tenían acceso.
Corrochano, conocedor de esta doble actividad de Villarejo, habría informado a González de la existencia de este «anómalo e ilegal» recurso, garantizándole total discreción y opacidad si se recurría al mismo.
El Papel de Francisco González
La Fiscalía sostiene que González, dada la ausencia de un programa de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió estas actividades. Sin embargo, el sistema interno para la prevención de delitos no puede ser considerado idóneo, ya que claramente deja al margen de cualquier normativa a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección.
El escrito de la fiscalía también detalla los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad. Según la fiscalía, el primer contrato trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario ‘Proyecto Trampa’.
Otros proyectos mencionados incluyen el ‘Proyecto Summer-Fish’, la investigación sobre el «patrimonio oculto» del empresario Fernando Martín, el ‘Proyecto Summer-Gate’, sobre el patrimonio del empresario Luis Portillo, el ‘Proyecto King-Prasa’, el encargo ‘Templar’ y el encargo ‘Duke’.