El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, anunció el pasado miércoles un adelanto electoral. Dicho anuncio ha generado ciertas dudas y preocupaciones entre los diversos sectores de la sociedad catalana. Una de las principales incertidumbres ha sido si esta decisión afectará la subida salarial pendiente para los funcionarios catalanes. Sin embargo, esta preocupación ha sido rápidamente disipada.
A pesar de que el fracaso de los presupuestos obligó a Aragonès a convocar a los catalanes de manera anticipada a las urnas el próximo 12 de mayo, se ha confirmado que la revalorización salarial para los funcionarios no corre peligro. Aunque la capacidad ejecutiva del Govern se verá limitada, tanto por la disolución del Parlament, como por la ausencia de unas nuevas cuentas públicas, se ha asegurado que los empleados públicos percibirán su aumento salarial entre la nómina de abril o mayo.
Las fuentes de la conselleria de Presidència han afirmado que: «Los incrementos retributivos de sueldos públicos aprobados por el Estado son normativa básica estatal y se tienen que aplicar obligatoriamente». Esto significa que, independientemente de las circunstancias políticas, la subida salarial pactada debe ser ejecutada.
Este tema ha sido de particular relevancia a nivel nacional, ya que las perspectivas salariales de los empleados públicos de toda España han estado en el centro de la discusión pública durante los últimos días. El Gobierno y dos de los tres sindicatos más representativos en la función pública, CCOO y UGT, han pactado que las nóminas públicas subirán este año un 2%.
No obstante, el adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez ha trastocado el calendario y el Ejecutivo central ha empezado el 2024 sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta situación provocó que la subida salarial pactada no se ejecutara y la previsión inicial de Sánchez era esperar a tramitar las nuevas cuentas públicas antes del primer trimestre del año y abonar la revalorización una vez estas estuvieran en vigor, si bien con carácter retroactivo.
Por esta razón, más de tres millones de empleados públicos, tanto del Estado, autonomías o ayuntamientos, han pasado tres meses con los sueldos congelados. De este colectivo, 290.000 empleados públicos dependen de la Generalitat de Catalunya.
En los días previos a la decisión de Aragonès de adelantar las elecciones, el Gobierno manifestó su predisposición a subir las nóminas de los funcionarios vía real decreto ley y no esperar a tener unos nuevos PGE. Esta decisión fue aplaudida por los sindicatos, que esperan que antes de acabar el mes el Congreso dé luz verde a la revalorización, que está incluida dentro de una enmienda actualmente en trámite.
A pesar de la ausencia de presupuestos de la Generalitat para el 2024, la operación de subida salarial no es imposible. El Govern podría solventarlo vía una ampliación de crédito, que debe aprobar el Parlament, vía remanentes del presupuesto anterior o sacando dinero de partidas contempladas en el mismo.
Los sindicatos no contemplan otro escenario que uno en el que la Generalitat les abone la revalorización -siempre con efecto retroactivo a 1 de enero- entre abril o mayo. Y entienden que no se escudará en el nuevo vaivén político para demorarlo. De hecho, una fuente sindical consultada ha afirmado: «Arderá Troya si no pagan».
Es seguro que los empleados de la Generalitat recibirán en su próxima nómina de marzo la revalorización del 0,5% pendiente del año pasado y una ‘paguilla’ compensatoria con los atrasos pendientes. Esto puede suponer un ‘extra’ de unos 150 euros, una estimación media que irá a más o a menos dependiendo de la categoría del empleado.