En una noticia emergente, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno español solicitará un asiento en el consejo de administración de Telefónica. Este movimiento se produce en el contexto del mandato otorgado por el Gobierno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en diciembre pasado para adquirir hasta un 10% de la compañía telefónica.
La SEPI es una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y su interés en la adquisición de acciones de Telefónica responde a una estrategia de mayor participación en empresas de importancia estratégica. Cuerpo confirmó este interés en una entrevista televisiva con ‘La Sexta’, aunque no proporcionó detalles sobre quién podría ser la persona designada para representar a la SEPI en el consejo de administración de la operadora.
El interés del Gobierno en tener un asiento en el consejo de administración de Telefónica refleja la importancia estratégica de la empresa. Sin embargo, Cuerpo no comentó sobre la posibilidad de que el Estado adquiera participaciones en otras empresas, como Talgo, que recientemente ha recibido una oferta pública de adquisición (OPA) del grupo húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon).
Cuerpo enfatizó que la presencia del Estado en estas empresas no es una discusión de los años 90, sino una cuestión de defensa de los intereses estratégicos de las compañías españolas. En este contexto, señaló que la presencia del Estado en Telefónica es una buena noticia porque proporciona un socio estable a largo plazo.
Estas afirmaciones están en consonancia con las del Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien la semana pasada afirmó que el Gobierno no tiene planes de realizar operaciones similares a la entrada del Estado en Telefónica.
El pasado 25 de marzo, la SEPI anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había adquirido un paquete accionarial del 3,044% del capital social de Telefónica. Esto fue posible gracias a la inyección de 500 millones de euros aprobada por el Ministerio de Hacienda para la SEPI, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Esta intervención del Gobierno se produjo tras la sorpresiva entrada del operador saudí STC, controlado por el fondo soberano del país, PIF (Public Investment Fund), en el accionariado de la operadora en septiembre pasado. STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica, una operación valorada en 2.100 millones de euros.
No obstante, fuentes del mercado han señalado que la SEPI podría tener otro 2% del capital social de Telefónica en derivados financieros, lo que elevaría la participación del Estado al 5%. Esto colocaría al Estado en una posición de participación similar a la que tienen actualmente Caixabank y BBVA, dos de los miembros del ‘núcleo estable’ de Telefónica.
En este contexto, Telefónica celebrará su próxima junta general de accionistas el 12 de abril, donde se prevé la reelección, ratificación y nombramiento de consejeros. Sin embargo, la junta no podrá nombrar consejeros diferentes a los que ya aparecen en la propuesta de acuerdos del orden del día, ya que el plazo para solicitar un complemento a la convocatoria ha expirado.
El valor de mercado del paquete accionarial del 3,044% en Telefónica, que la SEPI reveló el pasado 25 de marzo, se situaba en torno a 700 millones de euros. Sin embargo, con los títulos de Telefónica cerrando a 4,044 euros este pasado miércoles, esa participación ha aumentado hasta 707,86 millones de euros. Adquirir el otro 6,956% de la compañía (hasta completar el 10%) tendría un coste de alrededor de 1.618 millones de euros, basándose en el precio de cierre del pasado miércoles.