La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre amenaza con ralentizar una parte relevante de la agenda regulatoria del Gobierno en un momento marcado por los elevados precios de la energía a causa de la guerra de Irán. El departamento dirigido por Sara Aagesen mantiene abiertos varios desarrollos normativos que afectan a la conexión de nuevos proyectos a la red y a las inversiones en energías renovables, almacenamiento y centros de datos.
Las empresas del sector no temen tanto que estos expedientes queden anulados de forma automática como que el adelanto electoral retrase su aprobación. El próximo Ejecutivo deberá decidir si mantiene, modifica o retoma unas normas que condicionan inversiones previstas a varios años vista.
Centros de datos y acceso a la red
Entre los desarrollos pendientes destaca el real decreto destinado a regular el acceso de los centros de datos a la red eléctrica. El Ministerio para la Transición Ecológica cerró en septiembre la audiencia pública de una norma que busca imponer condiciones más exigentes a estas instalaciones.
La propuesta del Gobierno afecta especialmente a Madrid y Aragón, y el PP ya ha mostrado su rechazo. Fuentes del sector aseguran que el borrador ha frenado el interés inversor en España, mientras que la patronal Spain DC calcula en 9.000 millones de euros el impacto económico de proyectos que estudian alternativas en caso de que la norma salga adelante en sus actuales términos.
El calendario electoral podría dejar en manos del próximo ocupante de la Moncloa la decisión sobre los requisitos definitivos que deberán cumplir estos grandes consumidores para conectarse a la red.
Reforma de autorizaciones y procedimientos energéticos
El acceso de los centros de datos no es el único asunto pendiente. El Ministerio trabaja asimismo en una reforma de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas y gasistas, que contempla cambios en diversos reales decretos y órdenes ministeriales.
La intención es acortar plazos y adaptar los trámites a un sistema energético donde aumentan la generación renovable, el almacenamiento y la demanda eléctrica. La modificación incide en aspectos especialmente sensibles para los promotores, como la gestión de la capacidad de acceso, la autorización de instalaciones y determinados procesos de conexión.
Si la tramitación no concluye antes de los comicios, el expediente quedará pendiente de la posición que adopte el nuevo Gobierno.
Capacidad limitada ante el aumento de solicitudes
La relevancia de estas normas crece ante el fuerte incremento de las solicitudes de conexión en España. Renovables, almacenamiento, centros de datos, electrificación industrial y proyectos ligados al hidrógeno compiten por una infraestructura con capacidad limitada en determinados puntos.
Los centros de datos ya concentran un tercio de la capacidad de acceso concedida en la red de transporte. Las compañías energéticas reclaman certidumbre sobre las reglas para asignar la capacidad disponible y sobre las inversiones en redes necesarias para atender el incremento de la demanda.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), actualizado en 2024, fija los objetivos para 2030. Sin embargo, su ejecución dependerá en gran medida de decisiones regulatorias que deben concretarse ahora y que determinarán cómo se hacen realidad numerosos proyectos vinculados a esas metas.
Territorios no peninsulares y nudos de transición justa
La interconexión de Ceuta
Otro de los expedientes pendientes se refiere a los territorios no peninsulares. El Ministerio prepara una modificación del real decreto que regula la producción eléctrica en estos sistemas.
La próxima entrada en operación comercial de la interconexión submarina entre Ceuta y la Península añade una dimensión empresarial a esta reforma. La conexión disminuirá la dependencia de la generación local y obligará a definir el futuro papel de la central de ciclo combinado de Endesa en la ciudad autónoma.
Capacidad para renovables y almacenamiento
También permanecen pendientes distintos procesos para adjudicar capacidad de acceso en los llamados nudos de transición justa. Su objetivo es favorecer la implantación de proyectos renovables y de almacenamiento en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, vinculando la asignación de capacidad con compromisos de inversión, empleo y formación.
Transición Ecológica ha planteado además procedimientos para 15 nudos que suman hasta 11 GW de capacidad de potencia. Entre ellos figura el nudo de Maciñeira, en As Pontes (La Coruña), con 600 MW, cuya propuesta de orden se encuentra en audiencia pública.
La incertidumbre alcanza igualmente a otros instrumentos de la transición energética, entre ellos los Certificados de Ahorro Energético (CAE), cuyo marco regulatorio continúa en desarrollo.