El presidente Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre de forma anticipada, después de que los dos decretos de vivienda del Gobierno fueran rechazados en el Congreso el pasado viernes. El fracaso de esas iniciativas, destinadas a responder a la crisis habitacional y social, evidencia el bloqueo de una agenda económica que el Ejecutivo no ha logrado culminar durante la legislatura debido a la aritmética parlamentaria.
Una agenda legislativa con numerosas promesas sin ejecutar
El Gobierno de coalición deja pendientes iniciativas como los Presupuestos Generales del Estado, la reducción de la jornada laboral, el endurecimiento del registro horario, una nueva financiación autonómica, cambios en la regulación del salario mínimo, la ley de transparencia salarial, el Estatuto del Becario y la reforma de la incapacidad temporal.
La vivienda, el principal foco de la crisis
La vivienda pasó de ocupar el puesto 15 entre las principales preocupaciones de los españoles a convertirse, según el artículo, en el gran problema nacional. El Ejecutivo había prometido aprobar antes de que terminara julio un macro real decreto ley con medidas pactadas con todos los grupos parlamentarios, aunque la norma nunca llegó a materializarse pese al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar sobre su contenido.
Tras el desahucio de Maricarmen, el Gobierno pactó en menos de una semana dos decretos ley que finalmente fueron rechazados en el Congreso, aunque estuvieron vigentes durante unas horas. Entre las medidas figuraban la renovación automática de los contratos de alquiler, los llamados alquileres indefinidos, un límite a los precios, restricciones a la compra por parte de fondos buitre, la prohibición de desahucios hasta 2030, el aumento del IVA para pisos turísticos, una fiscalidad más dura para viviendas vacías e incentivos fiscales para propietarios e inquilinos.
Tras la derrota parlamentaria, esas disposiciones quedaron derogadas. No obstante, gran parte de ellas será incorporada a un nuevo decreto que será aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
Más de tres años sin presentar Presupuestos
Pedro Sánchez será el primer presidente que, tras más de tres años de mandato, no ha logrado ni aprobar ni presentar ante el Parlamento un proyecto de Presupuestos durante toda la legislatura. El Ejecutivo pretendía llevar las cuentas de 2027 a las Cortes y utilizarlas como escaparate de su estrategia electoral, pero el adelanto de los comicios frustró también ese plan.
La reforma de la financiación autonómica
La reforma de la financiación autonómica, diseñada para atender las demandas de Cataluña, sí avanzó al ser aprobada el 4 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La propuesta contempla aportar 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades de régimen común, una cifra que se aproxima a los 21.000 millones.
Sin embargo, la iniciativa todavía debía afrontar su tramitación definitiva en un Congreso que ha sido disuelto, donde la mayoría necesaria para sacar adelante la medida se consideraba imposible.
El registro horario digital, también pendiente
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas fracasó en el Congreso. Como alternativa, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, planteaba endurecer el registro horario mediante un real decreto de carácter reglamentario, una vía que no requería convalidación parlamentaria.
El nuevo sistema de registro de jornada debía ser digital, objetivo, fiable y exhaustivo, sustituyendo las anotaciones manuales. También preveía incluir numerosos datos personales y laborales, entre ellos el tipo de jornada, las horas extraordinarias y su retribución, las pausas, los periodos de guardia y los tiempos de desconexión. Asimismo, permitiría el acceso inmediato de la Inspección de Trabajo, incluso de forma remota, y de los representantes de los trabajadores.
Las diferencias entre Yolanda Díaz y el ministro Carlos Cuerpo, junto con el informe crítico del Consejo de Estado, retrasaron repetidamente la medida. La promesa de llevar el texto al Consejo de Ministros en septiembre, con modificaciones, tampoco se cumplió y la iniciativa quedará archivada.
Salario mínimo y complementos salariales
Los sindicatos tampoco verán cumplida la promesa de reformar la ley para impedir que los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sean absorbidos por los complementos salariales, una medida rechazada por la patronal que se incluyó en el real decreto aprobado a principios de año.
Tampoco se produjo una revisión del SMI. Según el artículo, este año aumentará por debajo de la inflación, lo que hará que 2,5 millones de trabajadores, los de menores ingresos, pierdan poder adquisitivo. La negociación sobre el incremento para 2027 que Díaz quería iniciar este mes tendrá que esperar.
La Ley de Industria y Autonomía Estratégica
España continuará sin un marco legal actualizado para dar continuidad a la política industrial impulsada en los últimos años por los fondos NextGeneration y los Perte. La Ley de Industria y Autonomía Estratégica, presentada por el Gobierno hace dos años, permanece bloqueada en el Congreso.
A comienzos de septiembre, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, reconoció que lograr un acuerdo era difícil, aunque aseguró que el Ejecutivo seguiría intentándolo hasta el final de la legislatura. La norma debía sustituir a la ley vigente desde 1992 e incluía una estrategia estatal de industria, instrumentos para declarar proyectos estratégicos, mecanismos de protección de las capacidades productivas y herramientas para gestionar procesos de reindustrialización. Con la disolución de las Cortes, el proyecto queda archivado.
Defensa del Cliente Financiero
Otra iniciativa pendiente es la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que permitiría resolver gratuitamente los conflictos de los usuarios con bancos, aseguradoras y otras entidades sin necesidad de recurrir a los tribunales.
El primer intento decayó con la convocatoria electoral de 2023. El Gobierno volvió a presentar el proyecto en el Congreso en marzo de 2024, pero más de dos años después seguía en la Comisión de Economía, en fase de informe. Con el adelanto electoral, la propuesta volverá a quedar en un cajón.