El Gobierno de España ha tomado la decisión de no presentar un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año en curso. En lugar de ello, optará por prorrogar las cuentas del ejercicio anterior durante todo el año. Esta decisión ha sido desencadenada por el reciente anuncio de elecciones anticipadas en Cataluña y la consecuente sacudida al tablero político. Esta nueva situación política ha hecho que las posibilidades de sumar los apoyos parlamentarios necesarios para llevar adelante los nuevos PGE sean escasas o nulas.
Esta falta de nuevos Presupuestos puede tener un impacto directo en una de las operaciones corporativas más importantes del mercado español: la entrada del Estado español en el accionariado de Telefónica. A pesar de la ausencia de nuevos PGE, desde el Gobierno se mantiene el plan de convertirse en el nuevo mayor accionista de la compañía de telecomunicaciones.
El Consejo de Ministros dio la orden en diciembre pasado al Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda, de adquirir hasta un 10% de las acciones de Telefónica. El objetivo de esta medida es contrarrestar los planes de Arabia Saudí de entrar en el accionariado de la empresa española a través de su operadora estatal, Saudi Telecom, con una participación de hasta el 9,9%.
La operación encomendada a SEPI puede superar los 2.200 millones de euros, de acuerdo con la cotización actual de Telefónica y si se alcanza el límite máximo del 10% de participación. Ni el Gobierno ni SEPI han revelado formalmente cómo planean financiar una operación de tal magnitud. No obstante, se consideraba muy probable que el Ejecutivo incluyera una inyección extraordinaria de fondos a SEPI en los nuevos PGE, que ahora no verán la luz.
A pesar de este escenario, desde el Gobierno se insiste en que SEPI sigue teniendo capacidad para llevar a cabo la operación. No se ha revelado cómo se financiará la compra, pero el Ejecutivo puede utilizar remanentes de partidas no ejecutadas del los PGE de 2023 para transferir algunos fondos excepcionales al holding estatal. Sin embargo, es probable que no haya mucho margen presupuestario en las cuentas prorrogadas para activar esta opción.
La alternativa de utilizar los PGE se veía como la más viable debido a las dificultades de SEPI para endeudarse más. Al cierre de 2022, el grupo público acumulaba una deuda de algo más de 3.000 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el holding estatal. Con la operación, la deuda del grupo podría superar los 5.000 millones.
El Tribunal de Cuentas ya había advertido que la mayor parte de esa deuda correspondía a préstamos y créditos con entidades financieras. Recomendó a SEPI buscar formas alternativas de financiación, especialmente a través de emisiones de deuda, para diversificar y reducir los costes financieros.
Por otro lado, el Gobierno está preparando la creación de una nueva compañía pública que se encargará de canalizar las inversiones estatales en el sector tecnológico. Esta nueva entidad, denominada Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), se encargará de gestionar los grandes programas de ayuda a la industria digital. El ministro para la Transición Digital, José Luis Escrivá, ha dejado la puerta abierta a que este nuevo grupo estatal controle la participación accionarial que el Gobierno pretende tomar en Telefónica.
Telefónica se prepara para un doble terremoto accionarial con la entrada de Arabia Saudí y el Gobierno español en su capital. La entrada del Estado permitirá conformar un núcleo estable de socios españoles en su intento de blindar el control de un grupo que el Gobierno considera estratégico, por su vinculación con la defensa y la seguridad nacional y por su papel clave en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología.
El nuevo núcleo duro de accionistas españoles estaría formado por SEPI con una participación de hasta el 10%, junto a BBVA (4,87%) y Caixabank (3,5%, que suma otro 2,5% en manos Criteria, el brazo inversor de la Fundación Caixa). La suma de estos paquetes superaría el 20% del capital de Telefónica y desbordaría con creces el 9,9% al que aspira controlar Arabia Saudí.