El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado la tramitación de una nueva Ley de Consumo Sostenible, la primera de su tipo. Esta ley tiene como objetivo principal fomentar el consumo sostenible y garantizar que las declaraciones medioambientales realizadas por los productos sean precisas y no engañosas.
La norma, que se encuentra en su fase de consulta pública, también establece un índice de reparabilidad para los electrodomésticos, lo que permitirá a los consumidores conocer la duración de los productos. Esta información fue proporcionada por la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea.
Según el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, se ha publicado una guía con consejos para las empresas sobre buenas y malas prácticas en sus comunicaciones sostenibles. Un aspecto clave es que el uso excesivo de generalidades como «verde» o «eco-friendly» podría conllevar multas, en el caso extremo de que una comunicación se considere una práctica desleal y viole la normativa de consumo. Las multas pueden llegar hasta los 100.000 euros, y en algunos casos pueden incluso superar hasta cuatro o seis veces el beneficio obtenido de manera ilícita.
El propósito de la ley y la guía es advertir a las empresas que no pueden afirmar que un producto es sostenible sin proporcionar pruebas claras y específicas. El lenguaje utilizado debe ser claro, simple y específico, proporcionando información relevante y útil sin ocultar datos. La información debe estar respaldada por estudios y actualizada regularmente.
Sin embargo, a pesar de estas obviedades, un estudio de la Comisión Europea citado en la guía revela que el 80% de las páginas web, tiendas online y anuncios incluyen información sobre su impacto en el planeta que no siempre es clara y sustanciada. Esto puede resultar en prácticas engañosas para el consumidor. De hecho, el ministerio advierte de una proliferación de malas prácticas.
Además de la normativa vigente y los códigos éticos, la Comisión Europea está trabajando en una directiva sobre la «justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas». Según esta directiva, todas las empresas, excepto las microempresas, tendrán que demostrar y verificar la veracidad de todas las declaraciones medioambientales que hagan.
Entre los principales cambios que se avecinan con esta directiva se encuentra que las generalidades sobre el impacto medioambiental serán consideradas prácticas comerciales desleales en cualquier circunstancia. Esto significa que estarán sujetas a sanciones directas, sin necesidad de realizar un análisis de caso, como ocurre en la actualidad. La directiva también contempla la posibilidad de confiscar los ingresos de la comercialización de productos que no cumplan con los criterios establecidos en la directiva, y en algunos casos, de establecer multas de al menos el 4% del volumen de negocios anual.
El objetivo de estas futuras directivas es que las sanciones sean efectivas y disuasorias. Según el Ministerio de Consumo, el 72% de la población española afirma que los certificados ecológicos y sociales influyen positivamente en sus compras. Sin embargo, a pesar de que el etiquetado es la principal fuente de información para todos ellos, el 20% considera que la información proporcionada es confusa o ininteligible.
Entre las recomendaciones de la guía de Consumo se incluyen numerosos ejemplos, como evitar calificar un producto como «sostenible» y en su lugar detallar que «ha sido cultivado sin pesticidas» o que «ha sido recolectado y elaborado a menos de 100 kilómetros». También se recomienda especificar a qué partes del producto afectan estos beneficios.
Además, se aconseja a las empresas que sean más concretas en sus afirmaciones. Por ejemplo, en lugar de decir «nueva fórmula más sostenible», se recomienda decir «nueva fórmula: reduce un 3% la toxicidad».