El Gobierno limitará el alquiler temporal a estudiantes, investigadores y «causalidades» demostrables

El Gobierno español se ha embarcado en un esfuerzo para reforzar la ley de Vivienda introduciendo restricciones a los usos distintos al alquiler tradicional, en respuesta a la fuga de propietarios desde que la ley entró en vigor hace un año. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció el miércoles que se reformará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para limitar los alquileres temporales a «causas demostrables» y se modificará la Ley de Propiedad Horizontal para permitir a las juntas de vecinos vetar los pisos turísticos.

Esta decisión se dio a conocer durante una rueda de prensa en la que la ministra compartió las conclusiones del grupo de trabajo para la regulación del alquiler de temporada, que se reunió por tercera vez. Rodríguez indicó que, después de analizar las propuestas, se llegó a la conclusión de que es necesario «proteger» los contratos de arrendamiento temporal, pero sólo en los casos previstos y no para que los propietarios lo utilicen como un medio para eludir la LAU.

Para lograr este objetivo, se activarán varios mecanismos, entre ellos, el desarrollo del artículo III de la LAU mediante un real decreto urgente para que los alquileres temporales se adecuen a situaciones específicas, como las de los estudiantes universitarios o los investigadores, de manera que se deba demostrar la causa del contrato.

Regulación de los Alquileres Temporales

«La temporalidad dependerá de la causa. Si es por motivos escolares, el contrato será de nueve meses; si es un acontecimiento deportivo dos meses; si es una investigación un año», explicó Rodríguez. La idea es que, al igual que se pide un comprobante de ingresos para un alquiler, «se pueda requerir al inquilino justificar que su contrato es de temporada».

Esta decisión de regular los alquileres temporales se produce después de analizar las propuestas presentadas por asociaciones relacionadas con el sector inmobiliario, agentes sociales y el colectivo de inquilinos. Sin embargo, para los inquilinos, la propuesta de la ministra es «ineficaz, perpetúa prácticas abusivas y no ofrece una protección adecuada para los inquilinos».

El alquiler de temporada se diferencia del tradicional en que se rige por el Código Civil y también por la LAU, donde se distingue como un uso distinto al de vivienda. Esto permite a ambas partes acordar libremente la duración del contrato, y evita la aplicación de la ley de Vivienda, por lo que los propietarios no se ven afectados por el límite estatal del 3% a la actualización anual de las rentas, ni tampoco por los límites al precio de las rentas y las prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler en áreas tensionadas.

Pero para la ministra Rodríguez, esto es una adaptación legal para perseguir el fraude y evitar que los propietarios abusen de la LAU. «Se trata de dar seguridad jurídica y garantías a las personas que necesitan de este tipo de alojamientos», ha remarcado. Rodríguez también ha adelantado que están preparando junto al Ministerio de Justicia una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal «para empoderar» a los vecinos en la decisión de si quieren o no pisos turísticos en sus bloques.

Las conversaciones con otros grupos políticos para sacar adelante la reforma ya han comenzado, aseguró la ministra, y también se realizarán reuniones con los sectores afectados, las plataformas en línea como Airbnb y los agentes sociales.