Un hito en la recuperación del sistema sanitario universal en España se ha alcanzado con la reciente aprobación de un proyecto de ley por el Consejo de Ministros. Esta medida, que llega doce años después de que el Gobierno del PP excluyera a los inmigrantes sin papeles de la sanidad pública, tiene como objetivo asegurar que todos los residentes en España, sin importar su situación administrativa, puedan ser atendidos en los centros sanitarios sin ser negados de la asistencia o recibir una factura exigiendo el pago por los servicios.
Esta decisión surge después de la polémica generada en Ripoll (Girona), donde la alcaldesa ultra, Sílvia Orriols, restringió el empadronamiento a los inmigrantes, dificultando su acceso a la tarjeta sanitaria y otros servicios públicos. Según Médicos del Mundo, este es uno de los 17.000 «barreras» a la sanidad pública que afectaron a 8.809 personas en los primeros nueve meses de 2023.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que es un «hito» recuperar «parte del orgullo» que se perdió en 2012 y «desterrar» para siempre la exclusión sanitaria de la ley del PP. Con esta decisión, se busca cerrar una herida en la sociedad española y presumir de la universalidad como herramienta para tener sociedades más cohesionadas, eficientes y justas.
La nueva norma indica que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España sólo deberán firmar una declaración responsable. Este requisito es más suave que el que se introdujo en 2018, en una reforma legal impulsada por el PSOE y también destinada a recuperar la universalidad del sistema, que no ha servido en todos los casos.
Anteriormente, se exigía a los extranjeros sin papeles un informe de los servicios sociales para poder acceder al sistema sanitario, pero este trámite ha permitido que algunas comunidades y ayuntamientos, como el de Ripoll, impongan meses de espera antes de facilitar el acceso al derecho, lo que se ha convertido en una nueva barrera.
Además, el proyecto legal garantiza el derecho a la asistencia sanitaria a los españoles que residen en el extranjero, los familiares que les acompañen y los hijos de extranjeros residentes en España que accedan a la reagrupación, siempre que no exista un tercero obligado al pago de la atención, según informa el Ministerio de Sanidad.
También se incluye el derecho a la protección de la salud durante su permanencia en España a solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarios de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión, y a los mencionados inmigrantes en situación administrativa irregular.
En este último caso, el proyecto prevé que la asistencia corra a cargo de las administraciones públicas competentes, siempre que no tengan la cobertura obligatoria de prestación sanitaria por otra vía, no puedan exportar el derecho de cobertura desde su país de origen y cuando no exista un tercero obligado al pago.
Además, el proyecto de ley pretende aminorar los copagos, de forma que todos los grupos mencionados, cuando entre en vigor la norma, no tendrán que pagar el 100% de los medicamentos. Se recupera la cartera común de servicios única, lo que garantiza que no se puedan incluir nuevos copagos.
El proyecto inicia ahora su andadura y debe ser estudiado por los órganos consultivos y por las Cortes, por lo que no llegará al Boletín Oficial del Estado, previsiblemente, hasta dentro de varios meses o incluso años.
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado el traspaso a las comunidades de 38,5 millones para reforzar las acciones encaminadas a fomentar la salud mental, como parte del plan de salud mental 2022-2024.