La Subasta del Edificio en María de Molina 50: Un Duelo Legal en Marcha
El litigio por la subasta del edificio en el número 50 de la madrileña calle de María de Molina ha dado un nuevo giro. Mientras se espera que la Audiencia Nacional decida si el proceso se ajusta a derecho, las partes implicadas han comenzado a presentar sus argumentos ante el tribunal. La primera en hacerlo ha sido la Abogacía del Estado, que ha restado importancia a un correo electrónico que amenaza con derribar la subasta del codiciado inmueble.
Los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando el Ministerio de Hacienda puso en venta el edificio, con un precio de salida de 156 millones de euros. El Grupo Lar, mediante su sociedad Barnaby, ganó la subasta asociado con BlackRock, con una oferta de 204,7 millones de euros. El segundo candidato con la puja más alta, la socimi Whiteni, no estuvo satisfecho con el resultado y detectó supuestas irregularidades en el proceso, impugnando el resultado.
El Correo Electrónico Controvertido
Durante el proceso, surgió un correo electrónico enviado por la secretaria de la mesa de contratación, que indicaba que el número de pagos no podía exceder de diez. Este modelo coincide con la oferta de Grupo Lar, que propuso un primer pago del 25% y «pagos aplazados correspondientes al 75% restante del importe de adjudicación, a efectuar con periodicidad anual y con el mismo importe durante un plazo de 10 años». Este correo electrónico llevó a Whiteni a presentar una demanda ante la Audiencia Nacional, basándose en esa comunicación enviada el 15 de septiembre.
La Abogacía del Estado, representando al Ministerio de Hacienda, respondió a la demanda de Whiteni en junio de 2024, argumentando que la respuesta que el director de Patrimonio dio a los representantes legales de Whiteni era simplemente una «nota interna» que «carece de eficiencia exterior» y la calificó como un acto de trámite. Sin embargo, fuentes cercanas al despacho Next, que representa a Whiteni, cuestionan si un oficio firmado por un director general de la Administración puede considerarse de esa manera.
La Abogacía del Estado también argumenta que el correo electrónico en cuestión fue enviado por un órgano que «carece de competencias respecto de la interpretación y calificación de las ofertas». Esto contrastaría con el punto seis del pliego de licitación en el que se especifica que «la jefa del Servicio de Patrimonio actuará como secretario, con voz y voto».
Además, la Abogacía del Estado asegura que el correo electrónico enviado a uno de los licitadores «no se refiere a la oferta de Barnaby» y, por lo tanto, «no puede tener ninguna eficacia interpretativa sobre la misma». También argumenta que el día 15 de septiembre, fecha en la que se envió el email, Whiteni ya había enviado su oferta por el inmueble, por lo que «dicha comunicación no pudo tener incidencia alguna en la configuración de una oferta que ya había sido presentada».
Posibles Resultados de la Resolución de la Audiencia Nacional
Si la Audiencia Nacional llegase a decidir en contra de la adjudicación a Grupo Lar, la Abogacía del Estado clarifica que «lo procedente sería modificar dicho calendario, pero no, como pretende Whiteni, acordar la exclusión de Barnaby». Según informes obtenidos, la oferta del Grupo Lar no establecía un calendario programado específico para los pagos por el inmueble.
La Abogacía del Estado afirma que «el precio el pago total deberá hacerse dentro de un plazo máximo de 10 años. No se establece, pues, el límite en el número de pagos o plazos sino en el número de años en que debe hacerse el pago total». Varias otras entidades también participaron en la subasta, entre ellas la promotora Kronos Homes, Dunas Capital, Conren Tramway y Tomaleta Servicios y Gestiones. De los seis interesados, cuatro presentaron ofertas a pagar en diez plazos, mientras que solo dos, Grupo Lar y Dunas Capital, lo hicieron en once plazos.