El Congreso de los Diputados en España está programado para debatir una nueva versión de la ley de prevención del desperdicio alimentario este jueves. Esta ley, que comenzó como una iniciativa legislativa popular (ILP) en la pasada legislatura, fue pausada debido al adelanto de las elecciones generales. Tras el debate de este jueves, se espera que el Congreso vote la avocación del texto, que podría ser llevado a votación en los próximos plenos, ya sea a finales de este mes de marzo o principios de abril. Si supera el trámite parlamentario, la ley podría entrar en vigor el 2 de enero de 2025.
La versión actual de la propuesta, impulsada por el Ministerio de Agricultura y Alimentación, contempla sanciones de hasta medio millón de euros para las empresas que no reaprovechen los alimentos en casos de infracción grave. La propuesta incluye dos obligaciones principales: que los agentes implicados en la cadena alimentaria tengan un plan de prevención de pérdidas y desperdicio y que las grandes compañías en contacto directo con los consumidores firmen convenios con entidades sin ánimo de lucro para la donación de los excedentes.
Si los alimentos excedentes no se pueden destinar al consumo humano, la propuesta establece que deben ser destinados, en este orden, a la alimentación animal o a la generación de abonos orgánicos y producción de energía.
Actualmente, un tercio de los alimentos producidos en el mundo acaban en la basura. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura en 2020, los hogares españoles desechan 1,4 kilos de alimentos a la semana. Las frutas, las hortalizas y los lácteos representan la mitad de los productos frescos que se desechan sin ser consumidos. Entre los alimentos ya preparados o cocinados, las sopas y cremas, las legumbres y los cocidos son los que más se desperdician. Un dato significativo es que en verano se tira mucha más comida que en otras épocas del año.
No obstante, el desperdicio de alimentos no ocurre solo en los hogares. La ley que se debatirá en el Congreso se centra más en las cadenas de distribución y los pequeños minoristas, así como en los establecimientos de restauración, que actualmente presentan más problemas en el reaprovechamiento de alimentos. Según datos de la FAO, la Organización de la Alimentación y la Agricultura de la ONU, se pierde un 14% de la cantidad producida entre el campo y las granjas y el punto de venta.
Entre las medidas ya conocidas de esta ley figura la obligación de que los restaurantes ofrezcan a sus clientes la posibilidad de llevarse a sus casas los restos de comida que no hayan consumido. Para ello, se emplearán envases aptos para el uso alimentario, reutilizables o fácilmente reciclables, desechando, en la medida de lo posible, los de plástico de un solo uso.
Para los establecimientos de comercio al por menor, la propuesta legal requiere que tengan líneas de venta con productos ‘feos’, ‘imperfectos’ o ‘poco estéticos’. Además, se promoverá el consumo de los productos de temporada, los de proximidad, los ecológicos y los ambientalmente sostenibles, así como mejorar la información sobre el aprovechamiento de los alimentos.