El Consejo General del Poder Judicial revoca la sanción al presidente de la Audiencia Provincial de Ávila
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido revocar la sanción impuesta al presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, Javier García Encinar, quien fue sancionado por no haberse abstenido de asuntos en los que participaba su pareja, procuradora de los tribunales. El CGPJ ha estimado que se adoptaron medidas adecuadas para garantizar la imparcialidad del órgano judicial en esta situación, la cual se abordó con cautela y transparencia. La sala fue informada de la relación durante los 395 procesos que en seis años se vieron afectados.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ impuso en febrero una sanción disciplinaria de suspensión de funciones por veinte días a García Encinar, alegando una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención. Sin embargo, el pasado 27 de junio, el recurso presentado por García Encinar llegó al pleno del CGPJ, que concluyó que «no puede considerarse que el recurrente no se abstuvo ‘a sabiendas'». En tres ocasiones se modificaron las normas de reparto haciendo alusión a su relación sentimental, y se consideró suficiente que en los asuntos en los que interviniera su pareja o su hermano, el presidente de la Audiencia no actuaría como ponente, aunque formara parte de la Sala, la cual cuenta con solo tres magistrados y no ofrece mucho más margen de maniobra.
Decisión del Consejo General del Poder Judicial
Entre 2017 y 2023, «en ningún caso» se hizo «indicación alguna en contra de esta solución,» lo cual, según el CGPJ, generó «una razonable creencia en que no eran necesarias más cautelas.» Durante todo ese periodo, García Encinar no fue advertido de que la conducta que venía adoptando pudiera ser constitutiva de un ilícito disciplinario. Además, «no se ha probado que por parte de los justiciables se presentaran recusaciones del magistrado, así como tampoco la existencia de un clima social que hicieran pensar al recurrente que debió de abstenerse.»
El visto bueno de la Audiencia Provincial de Ávila y de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hacen inviable la concurrencia del elemento subjetivo en la conducta de García Encinar, quien vio con ello «afianzado» el «clima de confianza,» según concluye el acuerdo del CGPJ.
La estimación del recurso refrenda así la «conducta honesta, clara, transparente y honrada» que García Encinar defendió públicamente tras conocerse la sanción. El magistrado lamentó que una denuncia desembocara en este proceso, poniendo «en duda la honorabilidad de dos profesionales», él y su pareja, ambos con una carrera profesional de tres décadas.
El CGPJ reconoce que las medidas adoptadas por García Encinar para garantizar la imparcialidad de la Audiencia Provincial de Ávila fueron adecuadas y suficientes. Estas medidas incluían la modificación de las normas de reparto en tres ocasiones para abordar la situación de su relación sentimental y la decisión de que no actuaría como ponente en los casos en los que interviniera su pareja o su hermano.
Durante el periodo en cuestión, ningún justiciable presentó recusaciones contra el magistrado, y no se creó un clima social que sugiriera que García Encinar debería haberse abstenido de los casos en los que participaba su pareja. Además, el visto bueno de la Audiencia Provincial de Ávila y de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León fortaleció el «clima de confianza» en el que operaba García Encinar.
La revocación de la sanción disciplinaria impuesta a García Encinar pone fin a un proceso que, según el magistrado, puso en duda la honorabilidad de dos profesionales con una larga trayectoria en el ámbito judicial. García Encinar defendió públicamente su «conducta honesta, clara, transparente y honrada» y lamentó que una denuncia pudiera cuestionar su integridad y la de su pareja.
El CGPJ concluye que la conducta de García Encinar fue transparente y que no hubo intención de eludir el deber de abstención. La relación sentimental del magistrado fue conocida por la sala durante los 395 procesos afectados en los últimos seis años, y las medidas adoptadas para garantizar la imparcialidad fueron consideradas suficientes.