El sector ganadero en España se encuentra en una situación de inquietud tras haber sido víctimas de un cártel de industrias lecheras que durante al menos 13 años pactaron pagar un mismo precio por la leche cruda que adquirían. Un ganadero con una explotación de unas 100 vacas pudo haber perdido entre 25.000 y 35.000 euros al año a causa de este acuerdo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunció este cártel, que fue confirmado por la Audiencia Nacional la semana pasada.
Este cártel se expone a tener que abonar indemnizaciones millonarias a los afectados, que se estiman en unos 60.000 productores en toda España. Las asociaciones agrarias están alentando a los productores a presentar sus demandas y les recuerdan que las compensaciones tienen efecto retroactivo. Esto significa que se pueden presentar incluso si la granja ya ha abandonado la actividad. Sin embargo, tendrán que esperar a que el Tribunal Supremo ratifique la resolución de la Audiencia Nacional, un proceso que puede tardar varios meses.
Marc Xifra, responsable del sector lechero en el sindicato Unió de Pagesos (UP), lamenta la situación del sector, que ha visto una disminución significativa en el número de explotaciones de vacas productoras de leche. En 1992, había en Catalunya 4.300 explotaciones de vacas productoras de leche; en 2001, descendieron a 1.224 granjas, y hoy, son apenas 366. Xifra denuncia que el cártel contribuyó sin duda a la desaparición de muchas de estas granjas.
Entre las industrias que participaron en este cártel se encuentran Pascual, Danone, Nestlé, Lactalis y Puleva, además de la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremi d’Indústries Làcties de Catalunya. La CNMC concluyó en 2015 que estas empresas se estaban poniendo de acuerdo en los precios que pagaban en origen. Sin embargo, fueron necesarias nueve sentencias diferentes hasta llegar a la resolución de la Audiencia Nacional en 2024, indica Montse Ribot, la abogada del despacho Redi Advocats que ha llevado el caso.
El sindicato agrario catalán ha promovido también una demanda ante Competencia contra las cadenas de distribución Mercadona, Lidl y Bonpreu por una práctica que, a su entender, contraviene la ley de la cadena alimentaria. La sospecha es también por un supuesto pacto de precios en sus marcas blancas, que habría durado al menos cuatro años y tres meses, explica Abel Peraire, productor y miembro de la ejecutiva del sector lechero en Unió de Pagesos.
Estas tres cadenas representan el 50% de la cuota de mercado en Catalunya, lo que las coloca en una posición de dominio. Peraire destaca que, una vez más, los productores son el eslabón más débil de la cadena alimentaria. Los afectados, que llevan más de un año y medio esperando que la CNMC les responda, no descartan emprender movilizaciones y bloquear algún centro de distribución de leche si es necesario, anuncia Jordi Armengol, responsable del sector ganadero en UP.