Telefónica pide una regulación ágil para impulsar los centros de datos y la autonomía digital europea

La normativa de los centros de datos, un factor clave para España

España se juega una parte relevante de la carrera por los centros de datos en el terreno regulatorio. Así lo ha expuesto el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, durante el Foro La Toja, donde ha alertado de que determinadas condiciones incluidas en el futuro marco normativo podrían frenar el crecimiento de esta industria.

En la mesa redonda La economía española y sus retos de futuro, Gayo ha defendido la revisión de algunos aspectos del texto mientras se tramita. No obstante, ha reconocido que la iniciativa persigue propósitos razonables, como ordenar la expansión de estas infraestructuras y reforzar la soberanía tecnológica.

«Tenemos que analizar cuáles son las cosas que deberían cambiar sobre esa reglamentación», ha afirmado el directivo, quien espera que la versión definitiva incluya «cambios relevantes». «El interés de todos es que no nos quedemos fuera de esa industria», ha añadido.

El proyecto de real decreto del Gobierno establece, entre otras condiciones, que los centros de datos cubran con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo eléctrico en cada hora de operación.

La energía no es el principal obstáculo, según Gayo

El CEO de Telefónica ha rechazado que la disponibilidad energética constituya actualmente el mayor freno para el despliegue de estas instalaciones en España. En su opinión, existe suministro suficiente y las dificultades principales se concentran en el planteamiento de la regulación y en la lentitud de los procedimientos normativos.

Por ello, ha reclamado normas que puedan responder al ritmo de actividades que cambian rápidamente. «Las regulaciones tienen que ser ágiles», ha sostenido, con el fin de evitar que queden desactualizadas antes de que lleguen a aplicarse plenamente.

Autonomía en los elementos tecnológicos críticos

La soberanía tecnológica europea ha sido el segundo gran asunto abordado por Gayo. El directivo ha señalado que este concepto no implica controlar toda la cadena tecnológica o fabricar cada uno de sus componentes, sino preservar la autonomía y la capacidad de decisión en aquellos ámbitos considerados críticos.

Para ilustrar esta idea, ha planteado tres cuestiones: quién controla los datos y las claves de acceso, quién gestiona las plataformas tecnológicas y qué opciones existen entre distintos proveedores si una solución concreta deja de ser viable.

«Debemos contar con alternativas en los elementos críticos de la cadena de valor tecnológica», ha indicado.

Gayo ha señalado tres desafíos para avanzar hacia ese objetivo: disponer de una regulación que favorezca el desarrollo de la soberanía digital, lograr la escala necesaria para competir —a través de fusiones o colaboraciones empresariales— y elevar la capacidad de ejecución.

El consejero delegado ha percibido, sin embargo, una evolución en el debate comunitario y un mayor respaldo político para modificar el marco regulatorio. «Empiezan a aparecer brotes verdes. Por primera vez en mucho tiempo hay un impulso político decidido en distintos ámbitos europeos para acometer esta evolución regulatoria», ha afirmado.

Fibra, 5G e inversión en redes

Durante su intervención también ha tratado la situación de las telecomunicaciones. Gayo ha destacado el grado de implantación de las infraestructuras digitales en España: la fibra llega prácticamente a todos los hogares y la cobertura de 5G supera el 96% de la población.

«El sector de las telecomunicaciones está en un momento interesante, con numerosas disrupciones, pero sigue siendo vital porque todo lo que pasa en el mundo pasa por las redes de las telcos», ha declarado.

Gayo ha relacionado la conservación de estas redes con la capacidad de las compañías para mantener sus inversiones y ha insistido en que el marco regulatorio debe respaldar ese esfuerzo.

Asimismo, se ha referido al efecto de los costes de la energía en las operadoras. Como ejemplo, ha señalado que Telefónica tiene un consumo eléctrico equivalente al de toda La Rioja, de modo que cualquier aumento de los precios repercute directamente en su actividad.