Cerca de cinco millones de personas siguen pendientes de la votación que celebrará este viernes el Congreso de los Diputados sobre la convalidación de los dos reales decretos en materia de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes. De lograr al menos 176 votos favorables, seguirá vigente la prórroga extraordinaria para los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Más de 1,89 millones de contratos potencialmente beneficiados
La medida podría aplicarse a un total de 1.895.676 contratos de arrendamiento. De ellos, 751.166 vencen en 2026, otros 809.899 lo harán en 2027 y 334.611 expirarán en 2028.
Con la referencia de 2,5 integrantes por hogar que utiliza de media el INE, el Gobierno estima que la prórroga podría alcanzar a cerca de cinco millones de personas.
Renovar sin prórroga supondría afrontar un mercado más caro
Buena parte de estos contratos se suscribieron cuando las rentas del alquiler eran notablemente inferiores a las actuales. Según Idealista, el precio medio en España era de 10,5 euros por metro cuadrado en 2021, mientras que el pasado agosto se situó en 15,1 euros por metro cuadrado.
La diferencia entre ambas referencias asciende al 43,8%. Para una vivienda de 70 metros cuadrados, renovar en esas condiciones implicaría pagar alrededor de 322 euros más al mes, lo que equivale a 3.864 euros adicionales al año.
Sin esta extensión extraordinaria, numerosos inquilinos tendrían que formalizar nuevos contratos en un contexto de precios sensiblemente más elevado que el existente cuando firmaron sus alquileres. El incremento supera el 40% de media en España y se aproxima al 50% en algunos territorios.
Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía concentran la mayoría
La distribución de los contratos que podrían acogerse a la medida es desigual. Madrid encabeza la relación, con 402.082 contratos, seguida de Cataluña, con 339.088; la Comunidad Valenciana, con 224.372; y Andalucía, con 200.204.
Estas cuatro comunidades suman más de 1,16 millones de contratos, es decir, algo más de seis de cada diez del total. A continuación figuran Galicia, con 111.175; Canarias, con 108.252; Castilla y León, con 94.994; Baleares, con 69.154; y Aragón, con 64.272.
El Panel de Hogares de la Agencia Tributaria no dispone de datos para País Vasco y Navarra, por lo que estos territorios no aparecen en el desglose.
La extensión debe ser solicitada por el inquilino
La prórroga no se concede de oficio. El inquilino tiene que pedirla y debe estar al corriente del pago de la renta, incluidos los ocho meses anteriores. La ampliación se otorga por periodos de un año y puede alcanzar un máximo de dos años, conservando las condiciones del contrato en vigor.
Como norma general, el propietario debe aceptar la solicitud. No obstante, existen excepciones: que arrendador y arrendatario pacten una alternativa, que suscriban un nuevo contrato o que el dueño necesite recuperar la vivienda para sí mismo o para determinados familiares.
La medida tampoco se aplicará si ambas partes acuerdan renovar o firmar un contrato nuevo con una renta que sea, como mínimo, un 5% inferior a la vigente.
De este modo, algunos contratos que concluyan durante los próximos años podrían mantenerse hasta dos ejercicios adicionales con las mismas condiciones. Los que finalicen en 2028 tendrían la posibilidad de prolongarse hasta 2030.
La continuidad de la medida depende del Congreso
Aunque el decreto ya ha entrado en vigor, necesita la convalidación del Congreso para continuar aplicándose. Si la Cámara Baja lo rechaza este viernes, la norma quedará derogada y la prórroga extraordinaria dejará de estar disponible.
El escenario sería similar al ocurrido el 28 de abril, cuando el Congreso rechazó una propuesta del Ejecutivo que también planteaba ampliar hasta dos años determinados contratos de alquiler manteniendo sus condiciones. Aquella iniciativa obtuvo 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones, por lo que fue derogada.
La incertidumbre se centraría de nuevo en las solicitudes presentadas durante los días de vigencia del nuevo decreto. Para el resto de los inquilinos, la votación del viernes decidirá si podrán continuar recurriendo a esta prórroga.