El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación. La resolución remite a la esposa del presidente del Gobierno a un procedimiento ante tribunal del jurado.
El magistrado, que se encuentra a pocos días de su jubilación, ha rechazado las objeciones planteadas por el nuevo abogado de Gómez, Jaime Campaner, contra el escrito de la acusación popular, que solicita 13 años de prisión y cuya nulidad reclamaba la defensa.
Es la segunda ocasión en la que Peinado dicta un auto de apertura de juicio oral en esta causa. El primero fue dejado sin efecto por la Audiencia de Madrid, que redujo de cuatro a dos los delitos imputados a Begoña Gómez. Quedaron excluidos los presuntos delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.
La apertura de juicio oral también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, a quien se atribuye un delito de malversación. En cambio, el empresario Juan Carlos Barrabés queda fuera de este procedimiento, al continuar investigado por la Fiscalía Europea.
La acusación por tráfico de influencias se vincula con la creación y puesta en funcionamiento de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. La malversación presenta dos vertientes: el uso privado de un software desarrollado para la cátedra —hecho por el que también se señala a Álvarez— y la utilización recurrente de la asesora de La Moncloa para actividades económicas de Gómez.
La resolución establece que, en caso de condena, ambas procesadas serían responsables civiles por el dinero invertido por la universidad en el desarrollo del software. La Universidad Complutense de Madrid, personada como perjudicada, reclama 113.000 euros.
Además, Peinado ha ordenado averiguar la capacidad económica de Begoña Gómez mediante el Punto Neutro Judicial y ha solicitado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sus cinco últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta.
El juez no impone por ahora ninguna fianza a las acusadas ni adopta nuevas medidas cautelares, salvo la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio. La Audiencia de Madrid ya había retirado la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales que Peinado había acordado previamente.
La Fiscalía dispone ahora de diez días para presentar su posición, que es solicitar la absolución de la esposa del presidente del Gobierno. El auto de apertura de juicio oral no puede recurrirse y conlleva la remisión de la causa a la Audiencia Provincial, que deberá organizar y celebrar el juicio con jurado.
La fecha del juicio todavía no ha sido fijada. La Audiencia y la Oficina del Jurado la determinarán cuando se designe al magistrado que presidirá el tribunal.