La nueva ordenanza urbana de la capital gallega y su impacto en el bienestar de las familias

La capital gallega está tomando medidas para regular las viviendas de uso turístico y esta decisión está generando gran controversia entre los ciudadanos. La alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, anunciaron en una rueda de prensa que se someterá al Pleno la nueva ordenanza que regula los requisitos y la documentación necesaria para aquellas personas que deseen ofrecer su vivienda como alojamiento turístico durante un máximo de 60 días al año.

Este anuncio llega después de una reunión previa con las entidades que representan a los sectores involucrados en el uso turístico de la vivienda, Aviturga y Previturga. Sin embargo, la noticia ha causado gran consternación entre las familias que se verán afectadas por esta regulación ya que, según explicó el portavoz de Aviturga, Óscar Soneira, la ordenanza es un «engaño total» que dejará a unas 600 familias sin poder retomar el uso turístico de unas 700 viviendas que cumplían los criterios del anterior Plan de Ordenación Municipal.

El impacto de la nueva ordenanza en la calidad de vida de los ciudadanos

La nueva ordenanza urbana no solo afectará a quienes deseen ofrecer su vivienda como alojamiento turístico, sino también a aquellos que ya se beneficiaban de esa posibilidad con anterioridad a la modificación del Plan de Ordenación Municipal que entró en vigor en febrero de 2023. Lamentablemente, las expectativas generadas por la consulta pública y el debate existente hace más de un año no se han materializado y, para muchas familias, esta es una noticia devastadora.

Según la alcaldesa, «no es posible regularizar las actividades preexistentes», una decisión respaldada por informes jurídicos que indican que sería incompatible con el planeamiento vigente. Sanmartín también reconoció que este cambio puede resultar difícil para las familias afectadas, quienes habían depositado sus esperanzas en la posibilidad de regularizar el uso turístico de sus viviendas.

Para Soneira, esto no es más que un «engaño total de nuestros políticos». Asegura que Sanmartín y el Partido Socialista hicieron falsas promesas a las familias, indicando que buscarían una solución para que las viviendas que funcionaban como alojamiento turístico antes de la modificación del Plan de Ordenación Municipal pudieran seguir operando. Como resultado, unas 700 viviendas de 600 familias están ahora en una situación de incertidumbre y su única opción es recurrir a los tribunales.

Además de la frustración que sienten los ciudadanos afectados, Soneira critica que la justificación para la modificación del Plan de Ordenación Municipal y la regularización de las viviendas de uso turístico se basó en la promesa de «aumentar la calidad» y «desestacionalizar» el sector. Sin embargo, argumenta que la normativa actual no promueve estos objetivos.

Actualmente, según los datos urbanísticos proporcionados por el Concello, existen 58 Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la capital que poseen título habilitante municipal. De estas, 24 cumplen con la normativa urbanística vigente y su situación no variará. Sin embargo, las otras 34 cumplían con la normativa en el momento en que se les otorgó el título habilitante, pero no con la modificación. Según los datos del Registro de Establecimientos de Alojamiento Turístico (REAT), había en abril 816 VUT, de las cuales 170 cumplen con el Plan de Ordenación Municipal actual.

La nueva ordenanza «culmina el proceso normativo sobre los usos de parque residencial» y establece los requisitos y la documentación necesaria para aquellas personas interesadas en ofrecer su vivienda como alojamiento turístico por un máximo de 60 días al año. El concejal Lestegás indicó que podrán hacerlo todos aquellos propietarios de viviendas fuera del casco histórico, siempre que puedan demostrar que se utiliza como residencia habitual de una persona física durante al menos 183 días al año, además de aportar la documentación requerida por la administración local.

Para la alcaldesa Sanmartín y el concejal de Urbanismo, Lestegás, regular el uso turístico del parque residencial de la capital es de vital importancia para garantizar el acceso a una vivienda digna para la ciudadanía. Según datos del Concello, entre 2018 y 2023, el precio medio del alquiler en la ciudad ha aumentado un 33,1%, duplicando el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de la comunidad en ese mismo período. Esta es una problemática que no solo afecta a Santiago, como destacó el concejal de Urbanismo, quien reconoció que el uso turístico de las viviendas contribuye a la crisis de la vivienda que padece la ciudad. Para atajar este problema, el gobierno local está emprendiendo otras iniciativas, como la creación de una Empresa Municipal de Vivienda o el registro de solares.