Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y la administración de la Casa Blanca se encuentran una vez más en medio de una fricción discursiva. Esta tensión surge a raíz de un informe publicado por el Departamento de Estado sobre la situación de los Derechos Humanos en México. Sin embargo, en medio de esta discordia, el Senado mexicano ha aprobado rápidamente la entrada de oficiales estadounidenses al país. Estos funcionarios están encargados de entrenar a integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas y participar en ejercicios conjuntos.
Esta acción, solicitada por López Obrador, se aprobó sin ningún tipo de debate. Se permitirá la entrada a México de 436 militares estadounidenses, un escenario que recuerda lo sucedido en diciembre pasado. En aquel entonces, el presidente mexicano tuvo un enfrentamiento con Washington debido a la agenda migratoria, pero autorizó discretamente la entrada de once oficiales armados.
El gobierno de López Obrador ha militarizado la seguridad y ha entregado al Ejército la responsabilidad de construir obras estructurales importantes. Ejemplos notables son el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. El general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa, tiene una relación de larga data con el secretario de la Defensa de Estados Unidos, el general retirado Lloyd Austin. Ambos se conocen desde que Austin era ejecutivo en la firma contratista de defensa, Raytheon, que ha vendido equipos a los militares mexicanos.
Sandoval también tiene un conocimiento profundo del nuevo encargado de Joe Biden para América Latina, Daniel Erikson, que viene del Pentágono. Erikson reemplazó a Juan González, quien fue destituido del cargo en marzo cuando Nicolás Maduro comenzó a perseguir a los opositores.
Según lo solicitado por el ejército mexicano al Senado, de los 436 militares, 220 llegarán a cargo de diversas aeronaves, 180 pertenecen a la división de paracaidistas y el resto son oficiales armados para diversas capacitaciones. Sin embargo, la oposición no cuestiona mucho esta decisión. Las críticas sobre la entrada de militares extranjeros provienen principalmente de las bancadas minoritarias del Senado. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante 80 años, tiene una fuerte tradición militarista. El conservador Partido Acción Nacional (PAN) también tiene una estrecha relación con los generales.
A pesar de esto, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, ha insistido en que, si gana las elecciones, retirará a los militares de las acciones correspondientes a la vida civil. La relación entre México y Estados Unidos no es tan fluida en temas más sensibles, como la inteligencia y la lucha contra el narcotráfico. Durante el gobierno de López Obrador, casi todos los agentes de la DEA presentes en México fueron expulsados debido a la confrontación que esta agencia tiene con el gobierno.
Esta confrontación comenzó después de que en octubre de 2020, la DEA impulsó la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa y mentor del general Sandoval. Cienfuegos, acusado de colusión con el narcotráfico, fue liberado por Donald Trump.
En un movimiento paralelo, México ha solicitado permiso a Estados Unidos para introducir en su territorio agentes de inteligencia que investiguen el contrabando de armas hacia México. Estas armas son utilizadas habitualmente por los narcotraficantes. Estados Unidos ha aceptado esta solicitud, pero con extremas reservas y en una cantidad muy baja.

