El partido político en crisis liderado por Yolanda Díaz, **Sumar**, ha presentado una proposición de ley que pretende permitir a los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales tener un asiento en los consejos de administración de las empresas. Según Díaz, esta propuesta ya defendida por ella durante años y que ahora presenta en solitario, busca promover un funcionamiento «más democrático» de las compañías. La líder de Sumar sostiene que nadie mejor que un empleado para defender a su empresa, equilibrar a los gestores y prevenir decisiones orientadas únicamente al beneficio y al reparto de dividendos.
Sin embargo, la propuesta de Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ha sido recibida con críticas. Se argumenta que la proposición es intervencionista y populista, y que aunque se inspire en una normativa similar de Alemania, el contexto español es muy diferente. En Alemania, los empresarios no son demonizados y los sindicatos difieren significativamente de los españoles.
La propuesta de Díaz parece olvidar un episodio reciente en la historia financiera de España: la crisis de las cajas de ahorro. Estas entidades llegaron a gestionar la mitad del ahorro en España antes de su desaparición, atribuida a un grupo de gestores que, en connivencia con el poder político, abusaron del riesgo inmobiliario, buscaron su propio beneficio y se otorgaron sueldos, indemnizaciones y pensiones millonarios. Es importante recordar que estos gestores casi siempre contaban con el apoyo de los representantes de los trabajadores o de los sindicatos en los consejos de las cajas.
Un caso emblemático es el de la desaparecida Caja Madrid de Rodrigo Rato. Los representantes de los trabajadores en el consejo de la caja, especialmente aquellos provenientes de Comisiones Obreras, apoyaron a los gestores en sus decisiones. En muchos casos, estos representantes aprovechaban su presencia en los consejos para influir en la gestión de la obra social de las entidades y para cobrar dietas que servían para financiar a sus sindicatos. Un representante en el consejo por Comisiones Obreras fue incluso condenado a tres años de cárcel por el uso fraudulento de tarjetas de crédito opacas al fisco.
Los defensores de la propuesta argumentan que los empleados y sus representantes deben tener canales de comunicación con las empresas, pero se cuestiona si el consejo de administración es el lugar adecuado para ello. La propuesta de Díaz plantea un debate sobre el balance entre la representación laboral y la gestión empresarial, y si la intervención directa en los consejos de administración puede conducir a una gestión más democrática y equilibrada, o si por el contrario, puede abrir la puerta a conflictos de interés y a decisiones impulsadas por agendas políticas o sindicales, en lugar de por el bienestar de la empresa y sus trabajadores.